(1 de abril, 2014).- Lo que para muchos fue un sueño, hoy está más cerca de volverse realidad: aquella persona que aspire a ocupar un puesto de elección popular o una curul en el Congreso, deberá someterse a un antidoping.
Esa es la propuesta de reforma constitucional que el 19 de marzo de este año llegó a San Lázaro de la mano del diputado federal Gabriel de Jesús Cárdenas Guizar y que espera sea votada favorablemente antes de que termine este periodo ordinario.
En la iniciativa – cuya copia posee REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO – se propone adicionar una fracción al artículo 55 de la Constitución Política de México, que establece los requisitos para ser diputado mexicano, y que sea mandato “No tener adicción sobre drogas u otras sustancias prohibidas por la ley, para acreditarlo deberá presentar los resultados de un examen practicado por una institución pública de salud ante el Instituto Federal Electoral”.
El mismo enunciado aplicaría en los requisitos para ser candidato a senador (artículo 55), a presidente de la República (artículo 82), nominado a candidato de despacho (artículo 91) y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (artículo 95).
“Si el país está a cargo de éstos depositarios de la soberanía para llevar las riendas del mismo, y que por tanto deciden el futuro de México, esta responsabilidad no puede recaer en personas que no cuenten con las aptitudes intelectuales y éticas necesarias para asumir el cargo que ocupan.
“Es por esta razón que se hace imperativa la necesidad de supervisar las características de quienes ocupen estos cargos, debe existir compromiso y responsabilidad en su actuar, situación que se vulnera cuando una persona padece de una adicción a las drogas u otras sustancias que se encuentran prohibidas por la ley”, resume el documento.
Actualmente, algunas empresas privadas y plantes escolares llevan a cabo estudios de análisis de drogas en sus postulantes y, con base en los resultados, determinan si son elegibles a un puesto de trabajo o un espacio como alumno.
“La implementación de estas medidas como requisito obligatorio, contribuiría a dar mayor certeza que quienes ocupen estos cargos de elección popular, lo hagan atendiendo a su compromiso con la ciudadanía y no a grupos delictivos.
“Ya que como sabemos, en muchas ocasiones al ser estos candidatos adictos a las drogas llegan a tener vínculos con la delincuencia organizada, quienes son los que los proveen de estas sustancias prohibidas por la ley, estos grupos de delincuencia organizada han aprovechado y han utilizado la corrupción en este sector como instrumento para transgredir nuestras instituciones y quebrantar nuestro estado de derecho.
“La infiltración de la delincuencia organizada en estos sectores públicos se produce cuando los órganos de delincuencia organizada logran participar en precampañas o en campañas políticas financiando o apoyando a través de los medios de comunicación o comprando votos y corrompiendo los procesos electorales democráticos (…) La infiltración de este nivel puede llegar a tal grado que la delincuencia organizada controle al estado en sus decisiones más importantes, lo que equivale a comprar sus políticas públicas”, admite el documento que ya se encuentra en San Lázaro.
Actualmente, las únicas entidades federativas que cuentan con estos candados para los aspirantes a un puesto de elección popular son Baja California y Sonora.
En el primer caso, la constitución estatal señala que “Los candidatos a ocupar un cargo de elección popular, deberán presentar ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, por lo menos con quince días de anticipación a la celebración de la jornada electoral, los resultados del examen para la detección de drogas de abuso, que deberán practicarse dentro de los treinta días anteriores a su presentación; para efectos de su posterior consulta por cualquier interesado”.
En Sonora, la ley estipula “examen toxicológico que certifique que no es adicto al consumo de drogas prohibidas” para quienes se registren como candidatos en una elección.
De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Adicciones, el 2.6 por ciento de los mexicanos entre 12 y 65 años de edad en zonas urbanas ha consumido drogas ilegales alguna vez en su vida.
