En el proceso hacia el exterminio de la educación pública y la imposición de la mal nombrada “Reforma Educativa”, Enrique Peña Nieto ha conseguido en los gobernadores, a fieles lacayos, que a cambio de migajas de poder y reconocimiento han perdido cualquier paupérrimo indicio de dignidad y se han convertido en los fieles sabuesos que fustigan al pueblo, a los maestros y a los estudiantes normalistas, uno de ellos y posiblemente el más sobresaliente para este final de año es el iracundo Silvano Aureoles.
Hasta ahora es quien ha dado el golpe más férreo, por medio de la detención y auto de formal prisión de 52 estudiantes normalistas, detenidos en forma brutalmente violenta el 7 de diciembre, para después condenarlos a ser prisioneros de un sistema corrupto e impune, bajo el delito de osar pedir garantías para la obtención de un trabajo digno, para el cual se prepararon académica y humanamente durante cuatro años.
Hoy Aureoles no es más que una pieza execrable, de las políticas educativas aplicadas por los gobiernos neoliberales (PRIAN), que han hecho mancuerna con las principales cabezas del SNTE desde Carlos Salinas de Gortari y con Elba Esther Gordillo, la cual hasta antes de Peña Nieto había fungido como moneda de cambio electoral, pero que al regreso del PRI se convirtió en una estrategia empresarial cuyo fin es la privatización de la educación, la cual favorecería principalmente a los X. González.
El Estado no recrimina al gremio magisterial-estudiantil, solamente porque no acatan una burda reforma “educativa”, lo hace también porque es un verdugo que cobra venganza luego que se ha exhibido la estrategia gubernamental de no mejorar la educación, por el contrario el Estado tiene como principal cometido la supresión de la calidad educativa y salarial, para beneficio de intereses de la clase político-empresarial.
Aureoles, como esbirro destacado, ha seguido puntual la mecánica del gobierno federal para desestabilizar el movimiento magisterial-normalista: la prisión como método represivo e inhibidor, con el claro mensaje para quien es detenido y para quienes exigen su libertad, quien alza la voz será enviado a la cárcel, así también demuestra el poder concedido por un gobierno federal pusilánime, títere del poder empreasarial.
Michoacán es parte de aquellas entidades, como Chiapas, Oaxaca y Guerrero que en su lucha por mejoras en educación y situación salarial han padecido terrorismo de Estado, en el cual la democracia es absolutamente impensable, ejerciendo constante persecución de personas (en este caso magisterio y estudiantes) por exigir sus derechos y defender a la niñez mexicana.
Los estudiantes que se encuentran en prisión, hoy al igual que gran parte del pueblo que se rebela, son víctimas de la consolidación de la burguesía y sus ideas deshumanizadas y capitalistas. Víctimas de un gobernador rastrero, cuya función es coadyuvar en la construcción de un poder dominantemente violento, principal fuerza del poder político-empresarial, que busca erradicar las voces disidentes magisteriales.
