(28 de noviembre, 2014).- El jueves 27 de noviembre, Enrique Peña Nieto presentó 10 medidas, como su respuesta a lo sucedido en el país, desde las presuntas ejecuciones extrajudiciales de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, la muerte de seis y desaparición de 43 normalistas en la ciudad de Iguala, las manifestaciones posteriores a ambos eventos que resultaron en detenciones que se presumen fueron hechas de manera arbitraria, así como la serie de reportajes del equipo de Carmen Aristegui sobre la llamada “Casa Blanca”, que ha sido ligada a la corrupción.
Los diez puntos de acción que comprende el plan de legalidad y justicia anunciado por Peña Nieto son los siguientes:
1. Ley contra la infiltración del crimen organizado en municipios, la cual establecerá la disolución de un ayuntamiento en caso de que haya indicios probables de que esté infiltrado por el narcotráfico. Falta por definir que institución será la encargada de llevar a cabo dicha tarea, así como que facultades se le otorgarán para investigación, detención y calificación de los hechos.
2. Reformas al sistema de competencias penales, aunque a mediados de año se aprobó un código penal único de procedimientos, queda por verse si será modificado y si estas reformas serán con base en él o independientes.
3. Mando único policíaco a nivel estatal, del cual no se ha determinado ni anunciado cuáles serán los controles de confianza que tendrían que aprobar los elementos o si seguirán siendo los mismos de las policías municipales. Los primeros estados que adoptarán este esquema serán Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas,
Esta es una de las propuestas que han resultado más polémica, puesto que uno de los principales problemas del país es precisamente la policía, desde su forma de actuar hasta sus vínculos con el crimen organizado.
4. Número único de emergencias: 911, el cual supuestamente asegurará que la respuesta sea rápida, efectiva y correcta en caso de una emergencia. Para llevar a cabo está acción se consultará al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Esta propuesta generó una gran cantidad de reacciones por el hecho de que el número a marcar fuese el mismo que en Estados Unidos.
5. Clave única de identidad. De esta medida aún no se ha definido que dependencia gubernamental será la encargada de recolectar los datos o si se hará por medio de una empresa particular, dónde se almacenará la información, quién o quienes tendrán acceso a ella y si reemplazará a la CURP o a la credencial electoral como identificación oficial.
6. Operativo federal en Michoacán y Guerrero, aunque esto ya esté sucediendo en ambas entidades, ya que la primera cuenta con un comisionado designado personalmente por el ejecutivo y la capital de la segunda se encuentra bajo operativo federal desde hace más de un año.
7. Acceso a la justicia cotidiana, la cual trae consigo aparejadas reformas que serán presentadas hasta el próximo año y propuestas a partir de foros consultivos elaborados por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en los próximos tres meses.
8. Fortalecimiento de derechos humanos, que permita crear nuevos mecanismos y protocolos para evitar abusos de autoridad y promover una mejor actuación, aunque aún no se ha determinado cuales de éstos serán modificados.
9. Combate a la corrupción. De igual manera, como en puntos anteriores, aún falta información por definir, en este caso de qué forma operará, qué leyes lo sustentarán y si se designa un posible fiscal. Este punto debió ser propuesto a raíz de los reportajes sobre la “Casa Blanca”.
10. Transparencia y rendición de cuentas, que se llevará a cabo a través de la creación de un nuevo portal electrónico en el que estarán disponibles los contratos de empresas privadas con el gobierno con la posibilidad de sancionar a aquellas que obren de manera ilegal o participen en influencia indebida de funcionarios. Aunque no se menciona que sanción tendrán los funcionarios caso de incurrir en alguna falta y/o delito.
