El gobierno federal aseguró que el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que afirma la grave crisis que padece México en esta meteria, “no refleja la situación del país” y en efecto no podría, porque pese a las innumerables pruebas sobre las violaciones, en distintos delitos como desaparición forzada, tortura, tratos crueles y ejecuciones extrajudiciales, aún falta una cifra negra que ha persistido en el anonimato por miedo a un Estado criminal.
Es inminente la sombra de impunidad bajo la cual vive el país y esa también es generalizada y es sostenida desde el gobierno federal. Es imposible negar que las causas de violaciones a derechos humanos existen en todo el país, pero la crisis es especialmente grave en los estados sureños de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, en los que hay grupos armados de oposición y por eso se intentan mantener invisibles, principalmente las ejecuciones extrajudiciales.
Los hechos cuentan la aciaga y cruenta realidad de un país cuyo ejército ha salido para ejercer operaciones de contrainsurgencia con graves violaciones a derechos humanos como principal objetivo, no es que no existan pruebas de ello, existen encubridores que van desde los mecanismos jurídicos previstos para proteger a los culpables, pasando por las autoridades penitenciarias, parte de la sociedad civil que defiende ciegamente a los agresores y los medios de comunicación que se encargar de denostar víctimas y salvaguardar la ‘integridad’ de un gobierno infractor.
El cual nunca ha estado dispuesto a reconocer la gravedad de la crisis e ignorará cualquier posición contraria a sus maniobras fallidas en materia de seguridad, lo cual también podría ser indicativo que su estrategia es la violencia y no la detención de ésta. Ya que ni siquiera sus cifras oficiales han evadido la existencia de un país de fosas, desaparecidos y muertos por tortura, que incrementan su número a diario en todo lo largo y ancho del territorio.
Enrique Peña Nieto y las fuerzas armadas, han formado un escuadrón de la muerte que jamás aceptará que ha convertido la violación de los Derechos Humanos en un instrumento político para eliminar y aterrorizar a sectores específicos de la sociedad civil, a fin de conseguir sus propios intereses estratégicos.
Para lo anterior se ha rodeado de distintos aliados, confabulados en un Estado criminal: partidos políticos oligárquicos, el gran capital, algunos sectores de la sociedad, las quebradizas y manipulables dependencias encargadas de defender a la sociedad (CNDH) y medios de comunicación.
Éstos dos últimos, son los principales mecanismos que hacen “desaparecer” la responsabilidad del gobierno y fuerzas armadas en el exterminio militar que vive el país, mediante técnicas de manipulación, en las dependencias con la falsa o nula investigación de hechos, revictimización y olvido de los casos, en los medios con el lenguaje (los títulos) y el “ocultamiento” de las víctimas y del escenario de destrucción (contenido e imágenes).
Ambos elementos peligrosos, pero hoy la situación es aún más deplorable cuando millones siguen aceptando lo que vomitan medios de comunicación corruptos que se ensañan contra todo aquel que busca justicia. A diario distintas cadenas informativas y seudo periodistas interesados en el poder y los grandes beneficios económicos, cómplices abiertamente del Estado represor, fungen como encubridores del más inédito e impune genocidio (principalmente militar) de toda la historia contemporánea mexicana.
