WalMart tenía la mira en el terreno conformado por unos campos de alfalfa cerca de la entrada del pueblo San José Teotihuacán y a poco más de un kilómetro de la zona arqueológica. El terreno resultaba una opción lógica para colocar una tienda de la cadena. Por su ubicación estratégica conseguirían 250 clientes por hora.
En 2003, contrario a los planes de WalMart de México, los gobernantes de la zona decidieron limitar el crecimiento demográfico alrededor de las pirámides. La zona en la que se pretendía construir la tienda ya estaba demasiado congestionada. A partir de estudios, se creó un mapa zonal que prohibía el crecimiento comercial en terrenos como el que la cadena de supermercados había elegido. Para que lo estipulado en el mapa de zona tuviera efecto legal, sólo necesitaba publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
La transnacional no se dejó intimidar por el gobierno local. Su movimiento consistió en un soborno equivalente a 600,000 pesos a un funcionario que modificaría el mapa antes de que se presentara para su publicación en el Diario. El dinero funcionó.
Meses después, trabajadores de WalMart de México comenzaron sus labores. Su iniciativa encontró oposición en quienes consideraban ridícula la idea de tener un centro comercial tan cerca de una zona arqueológica de la magnitud e importancia de Teotihuacán. Huelgas de hambre y ocupaciones pacíficas del terreno fueron documentadas por los medios mexicanos, sin embargo, información sobre el soborno y el mapa alterado permaneció escondida. En 2004, la tienda abrió sus puertas al público.
Los directivos de WalMart en Arkansas guardaron silencio después de recibir noticia de un abogado de WalMart México sobre los muchos sobornos que se cometían desde la sede mexicana; guardaron silencio incluso después de promover una investigación interna en la que surgieron montones de información que avalaban lo declarado por el abogado, Sergio Cicero Zapata.
El New York Times continuó su investigación desde donde WalMart no quiso seguir. Encontró que, por lo menos, 19 tiendas dan evidencia de los sobornos pagados por la empresa para conseguir predios o permisos de construcción.
En el caso de Teotihuacán estaría involucrado el gobierno del Estado de México, encabezado entonces por Arturo Montiel. El gobernador actual de la entidad, Eruviel Ávila, declaró que no hubo irregularidades en torno a los permisos concedidos para la construcción de la tienda Aurrera de Teotihuacán. Walmex se ha negado a dar declaraciones mientras el caso es investigado por el Gobierno del Edomex y la Procuraduría General de la República.
En ese silencio, WalMart se ampara detrás de un grupo nutrido de abogados, investigadores y contadores forenses que analizan los casos de distintas tiendas en territorio mexicano relacionadas con corrupción. Asimismo, la empresa ha destinado millones de dólares en investigaciones y entrenamiento anticorrupción para evitar que casos como éste sucedan de nuevo.
Las evidencias corren en contra del grupo de tiendas que incluyen Aurrera y Sam’s Club. Se han encontrado indicios de sobornos en lugares como Brasil, India y China. La tienda en Teotihuacán sólo es una parte de toda la corrupción que ha alimentado la cadena desde hace décadas.
