Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto las zonas especiales económicas habrían facilitado esquemas de lavado de dinero, por lo que el gobierno federal ya las canceló.
El especialista de la firma Global Financial Integrity (GFI), Daniel Neale, detalló que a pesar de los beneficios que estas zonas pueden representar en varias naciones, también son lugares perfectos para el lavado de dinero basado en el comercio, por la posible fabricación y movilidad de productos ilícitos, pues los controles y verificaciones de las autoridades en estos territorios por lo regular son irregulares o ausentes.
“Las autoridades aduaneras tienen poca o ninguna supervisión de lo que realmente sucede en una Zona Económica Especial, los productos rara vez son inspeccionados y las empresas que operan en estas regiones tienden a beneficiarse de la baja transparencia”, expuso el especialista en una firma de Estados Unidos.
“Es comprensible que los gobiernos de los mercados emergentes hayan tendido a apoyar la existencia de zonas económicas especiales, ya que ofrecen una variedad de incentivos para atraer empresas de exportación, inversión extranjera y empleo. Sin embargo, estas zonas tienen un lado más oscuro”, añadió.
En el gobierno de Peña Nieto se impulsaron las Zonas Especiales Económicas con siete regiones, pero la administración de Andrés Manuel López Obrador se cancelaron para impulsar proyectos como el Tren Maya.
De acuerdo con El Economista, el lavado de dinero basado en el comercio implica disfrazar el producto de un delito, por medio de la utilización de transacciones de comercio, con el fin de tratar de legitimar los orígenes ilícitos.
“Las Zonas Económicas Especiales siguen siendo uno de los eslabones más débiles de la lucha contra el dinero sucio debido a lo fácil que es participar en las tres etapas de lavado de dinero: colocación, estratificación e integración”, refirió el reporte de la firma.
Algunos mecanismos de lavado de dinero basado en el comercio son los pagos a proveedores por parte de terceros no relacionados, informes falsos sobre un producto, importaciones y exportaciones repetidas de un mismo producto de alto valor, productos que se comercializan que no coinciden con el negocio involucrado, rutas de envío inusuales o puntos de transbordo y doble facturación.
