(05 de junio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- A finales de 2006, la explicación que dio Calderón sobre el despliegue de las fuerzas armadas en un combate a las drogas, fue que los índices de adicción en México habían aumentado alarmantemente y que “había que mantener la droga lejos de nuestros niños y jovenes”.
Operativos militares se extendieron a lo largo y ancho de la República, puntualmente en zonas como Chihuahua, Sinaloa y Baja California. Más de 30 mil efectivos tomaron las ciudades; así como en el sexenio pasado, Peña Nieto hoy mantiene a las fuerzas armadas en las calles, bajo el mismo argumento: “México corría y corre el riesgo de ser dominado por el crimen, la inseguridad y la violencia derivada de la actuación de los grupos criminales.”
Esto aún cuando cifras oficiales demuestran que la violencia y las muertes van en aumento (poco más de 150 mil muertes y poco más de 24 mil desparecidos durante los dos sexenios), mientras tanto el tráfico de drogas sigue su curso ‘habitual’.
Las muertes directamente atribuidas al abuso de drogas ilícitas en México son menos de una décima parte de las producidas por VIH, y una vigésima parte de las atribuidas a obesidad o sobrepeso, mientras que las muertes directamente atribuidas al abuso de drogas ilícitas fue una quinta parte de las atribuidas a drogas lícitas como el alcohol o el tabaco.
La Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) indica que alrededor del 1.8% de la población en México consumió alguna droga en el último año, el indicador de prevalencia anual o incluso de consumo “alguna vez en la vida” no revela un problema de salud. Mientras el 15.2 % de la población en República Checa ha consumido marihuana, en México este porcentaje asciende sólo al 1 %. Mientras en Escocia el consumo de cocaína se ubica en 3.9% de la población, en México éste se ubica en 0.4 %. Lo mismo ocurre con el uso de anfetaminas y éxtasis donde la prevalencia no supera el 0.2 %.
“La ‘reducción de daños’, como respuesta al consumo de drogas, se ha implementado en diversos países durante los últimos 30 años, con métodos innovadores que se actualizan constantemente; modelos de cuidado más efectivos; eliminación de barreras estructurales de acceso y, el mantenimiento de un compromiso fehaciente de involucrar a aquellas personas que son afectadas más directamente por el uso de drogas, una política no implementada en México”, informa Aram Barra, internacionalista, especialista en política de drogas y derechos humanos.
En tanto, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), ha documentado que en México, de cuatro y medio millones de personas entre 12 y 65 años de edad que han probado alguna vez una droga ilegal, casi 600 mil personas usan drogas ilegales de manera cotidiana.
“Si bien el Estado mexicano ofrece servicios de reducción de daños, por medio de programas de intercambio de jeringas y terapia de sustitución de opiáceos en ciertas ciudades del país, es importante resaltar la relevancia de la reducción de daños para el uso y el abuso de sustancias no inyectadas. Otros países, por ejemplo, han comenzado a estudiar el tratamiento con hojas de arbusto de coca, cocaína oral y cannabis como tratamiento para la adicción a la pasta base o el crack, o como substituto del alcohol, sin embargo, los esfuerzos del Estado mexicano parecen centrarse en todo lo que sabemos que no funciona de la prevención, y obvia implementar cualquier tipo de reducción de daños en la problemática”, afirma Barra.
Analizando que, para que en el país exista una reducción significativa del uso, abuso y dependencia hacia las sustancias psicoactivas tanto legales como ilegales, es de suma importancia que el gobierno mexicano refleje esta priorización en sus presupuestos de salud. Citando como ejemplo el aprovechamiento de la existencia de la red nacional de servicios de salud, que podrían mantener un programa permanente relacionado con el uso de drogas, brindando atención en salud mental, trabajo sexual, salud sexual y reproductiva y la seguridad alimentaria, entre otras. Pero asegura, “ese no es el camino que tomará la administración de Enrique Peña Nieto”.
En 2013 la Secretaria de Salud Federal informó que mantendría un presupuesto de 4 mil millones de pesos para el manejo y la prevención de adicciones. Asegurando que se ‘fortalecerían dichos servicios’, pero no se ampliarían. Aún cuando una de las principales deficiencias de dichos servicios de atención de adicciones es el no contar con personal con las capacidades y entrenamiento suficiente para realizar las actividades.
Según el estudio La política de drogas en México: Prevención, reducción de daños y reasignación presupuestal, tan sólo el 24 % de los directores o responsables de los establecimientos clínicos encargados de problemas de adicción a drogas, a lo largo y ancho del país, tienen educación primaria completa; 31 % secundaria completa y 19 % preparatoria. El 58 % no tiene estudios especializados en adicciones, y de aquellos que los tienen, el 56% se limita a cursos, talleres y/o seminarios, 33 % a diplomados y sólo 2 % a licenciatura.
El doctor en Ciencias, Salvador Buendía, asegura que “la Secretaría de Salud mantiene graves carencias en cuanto a servicios de salud en general, pero en la prevención y ayuda a personas dependientes de las drogas, su función está nulificada, porque contrario al ‘combate a las drogas’, (que ha dejado en los 26 meses del sexenio de Peña Nieto 20 mil 566 muertes, un promedio de 26 por día), cuya burda misión dice ser ‘el exterminio de las drogas y quienes las comercializan’, cuando a la clínica llega un enfermo víctima y resultado del tráfico de estupefacientes y otras sustancias ilegales, lo catalogan ‘de poca importancia’”.
“Independientemente del número de personas con problemas de consumo de sustancias ilegales, paradójicamente para este gobierno no representa un problema de salud pública en el que valga la pena invertir y atender. Lo cual se ve representando en la mala orientación de la prevención, educación y tratamiento; las pocas medidas y estrategias que llega a implementar carecen de estudios científicos, que sí ayudarían de forma más eficiente y efectiva a la reducción del número de personas que usan estas sustancias, incluso mucho más que la fallida acción del ejército, que se basa en ejecutar sin juzgar”, afirma Buendía.
Al mismo tiempo anota que, “en definitiva, si realmente se quisiera combatir la problemática de las drogas, sería preciso en primer lugar voluntad política por parte del gobierno, reflejado en su equipo de la Secretaría de Salud, SEP, SEDESOL y no solamente en las fuerzas armadas. De no existir una reorientación presupuestal, enfocándose nuevas líneas de combate, que es posible sean más efectivas, el número de personas afectadas irá en aumento, pero ya no será por el problema en sí mismo, sino por la mala aplicación de una política de prevención y ayuda”.
La organización civil Espolea, dedicada al estudio y análisis sobre la problemática de las drogas en México, plantea que en muchos países, como en México, las medidas para proteger a niñas, niños, adolescentes y jóvenes del uso ilícito de narcóticos se limitan a: campañas de ‘tolerancia cero’ y de ‘sólo di no’; pruebas aleatorias de intoxicación por drogas y la exclusión subsecuente; tratamiento basado en abstinencia forzada; encarcelamiento masivo de padres, hermanos y jóvenes y la negación de servicios de reducción de daños basada únicamente en restricciones arbitrarias de edad.
“Pero no son éstas las medidas apropiadas para proteger a nuestras generaciones más jóvenes. Porque lo ‘apropiado’ debe tomar en cuenta el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la seguridad social y a un adecuado nivel de vida, así como al acceso a la información, a la libertad de expresión y a la privacidad, a no sufrir discriminación, violencia o negligencia, ni trato cruel, inhumano y degradante, como tampoco explotación ni detención arbitraria” aseguran los activistas de Espolea.
Explicando que se debe abordar la cuestión de una participación significativa de los jóvenes, en el diseño de una política sobre drogas y en la programación e instrumentación de servicios de salud, resulta efectivo el uso de modelos de educación de pares para atender los requerimientos de entrenamiento y construcción de habilidades dentro de este ámbito. Porque esta parte de la población necesita un análisis colectivo y auto-reflexivo a efecto de involucrarse en la creación de soluciones para sus situaciones sociales.
