(29 de enero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO.- “Tenía siete años, la granada cayó cerca de él, explotó y le destrozó el estómago”, describió un familiar del menor José Ángel Díaz Cruz. Como gran cantidad de familias víctimas de la pobreza y pobreza extrema en Chiapas, José Leonardo y Ricardo López Hernández, de 17 y 11 años de edad, junto a su primo Ángel Díaz Cruz de 7 años, salieron de casa para recolectar comida.
Ellos buscaban hongos comestibles, así fue como llegaron a las cercanías de los terrenos de la 31 Zona Militar. Siguieron caminando sin saber que estaban llegando al campo de tiro, ahí los menores encontraron una granada y decidieron llevarla a casa. Cuando la transportaban uno de los niños se la pasó a alguien más, quien no pudo sostenerla y la dejó caer.
Fue así como el artefacto explotó, instantáneamente los tres estaban heridos de gravedad, pero fue José Ángel quien falleció al día siguiente en un hospital de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a causa de la gravedad de las heridas, ya que la granada le destrozó el estómago, según información obtenida por Revolución TRESPUNTOCERO.
A José Leonardo el impacto le lesionó el pie, teniendo consecuencias permanentes, puesto que le dañó un tendón y no tiene movilidad en la parte del tobillo; a Ricardo “se le salió la carne de la pierna”, aseguró su padre. Ambos fueron internados durante tres meses con gastos a cargo del, sin embargo después de ello no hubo ningún tipo de seguimiento y fue el padre de ambos quien se hizo cargo de los siguientes gastos, hasta la fecha.
15 años han pasado después de los hechos de aquel 17 de septiembre de 2000, y es hasta este jueves que el Estado Mexicano ofreció una disculpa pública en San Cristóbal de las Casas, por la muerte del menor en el poblado de El Aguaje.
El acto público donde se dio la disculpa pública estuvo a cargo de Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en representación del Estado Mexicano, realizado en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Intercultural de Chiapas.
Dicha disculpa es consecuencia de un proceso de tres años en los cuales en Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas realizó una investigación y compilación exhaustiva de las pruebas y argumentos necesarios para que el caso pudiera ser analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Es así como nuevamente el organismo internacional coadyuvó en un caso de violación a Derechos Humanos, para que el Estado Mexicano lo volteara a ver y realizara los primeros pasos de acciones que debieron tener lugar hace poco más de 15 años.
“La lucha persistente de la familia y de los jóvenes que resultaron lesionados, hasta hoy puede ver una señal de luz, porque desde el principio el más grave de los obstáculos fue la falta de acceso a la justicia y a la salud”.
La nula atención médica fue decisiva, ya que si bien es cierto durante tres meses estuvieron hospitalizados con gastos a cargo del Ejército, después de ello tuvo que ser el padre quien se encargara de todos los procesos de rehabilitación que se necesitaron para una recuperación de sus hijos”, explica a Revolución TRESPUNTOCERO el licenciado Rubén Moreno, quien forma parte del equipo de Incidencia Internacional en Frayba.
Agrega que las investigaciones en un inicio las llevo el Ministerio Público del fuero común y el ministerio público indígena pero posteriormente se trasladó a la PGR por considerar que se trató de un explosivo de uso exclusivo del Ejército.
A partir de ahí, la PGR trasladó el caso al fuero militar porque según su criterio era de competencia del Ejército debido a que el hecho sucedió dentro de los terrenos de dicho órgano, aunque esto es considerado una violación a Derechos Humanos, “porque cuando hay un civil involucrado el fuero militar no es el idóneo para resolver este tipo de problemáticas. En el caso se asegura que el militar responsable de dejar olvidada la granada en aquel sitio fue juzgado y condenado a prisión, sin embargo este hecho nunca se pudo comprobar”, comenta Moreno.
Dado a que en general, durante el proceso penal militar el acceso a las familias es sumamente reducido -principalmente cuando se habla de casos de violación a derechos humanos- los familiares de las víctimas no tuvieron acceso a ninguna de las investigaciones y procesos, “ellos nada más se dedicaron a hacernos saber en forma general que se había llevado acabo la consignación de ‘ciertos’ militares y que uno de ellos resultó con una sentencia pero no existe ninguna certeza de esto.
Además de esto le pidieron a los familiares que si querían corroborar algún tipo de dato tenía que viajar hasta el Distrito Federal, donde se encontraba registrado el caso y sólo se le permitiría ir a la familia, quienes no contaban con los recursos económicos para hacer dicho viaje; el proceso siguió pero nunca los familiares de las víctimas se enteraron como se llevó acabo dicho proceso”, afirma Moreno.
Pese a que durante mucho tiempo, Frayba -como defensores de los familiares de las víctimas- también solicitaron los expedientes militares, nunca se entregaron. El juez siempre siguió apegándose a su acuerdo, que los familiares fueran quienes ratificaran su escrito de solicitud, lo cual era imposible, ya que ellos nunca pudieron viajar.
Incluso hoy no se cuenta con información que pueda dar certeza si el militar se encuentra todavía en prisión. Uno de los puntos principales del acuerdo es que el Estado Mexicano se debe comprometer a explicar qué pasó con el presunto culpable y demostrar si realmente se pagó o no una sentencia y cuál fue el proceso de investigación y el jurídico que se llevó acabo en contra de este elemento militar.
Hoy el padre de los menores, José López Cruz expresó “en representación de mi familia, mis hijos y especialmente de la señora Cristina Reyna Cruz López, madre del niño Ángel Díaz Cruz fallecido, quiero decir que han pasado más de 15 años desde que mis hijos resultaron gravemente lesionados y que desgraciadamente un niño murió a consecuencia de la explosión de una granada de fusil antipersonal propiedad del ejército mexicano.
Esos pobres niños lo único que hacían era buscar hongos para comer, pero debido a la negligencia del personal del Ejército al no advertir los riesgos que pudiera acontecer en el lugar de campo de prácticas de tiro, a casi 500 metros de nuestra comunidad, resultó esta gran tragedia”.
Mencionó que su familia y los habitantes de la comunidad El Aguaje, estaban ya obligados a convivir con todo tipo de ruidos provocado por los explosivos, los morteros, las ametralladoras lo cual provocaba mucho miedo, pero tenían la necesidad de utilizar el lugar para la recolección de hongos, caminos de paso, pastoreo y recolección de leña. Aunque las mujeres ya no podían realizar sus actividades cotidianas por el campo, debido a que continuamente sufrían el acoso del personal militar.
López Cruz recuerda la tragedia y el pánico que vivió al enterarse que había posibilidad que a uno de sus hijos le amputaran la pierna; “las autoridades nunca se dieron cuenta de que éramos personas civiles y que nuestro caso debió ser atendido por la jurisdicción civil y no la militar, pues dejaron llevarse por el tipo de armamento que explotó, y nunca velar por nuestros derechos humanos.
Los días fueron largos, han sido largos, pues durante estos más de 15 años, hemos buscado la justicia. Hasta hoy no sabemos quienes son los verdaderos responsables de causar esa tragedia ni mucho menos cuales fueron sus castigos. Los efectos psicológicos en nuestros hijos, en nuestras familias se mantienen, debido a la falta de justicia y la atención. Y ante el temor que dentro de sus cuerpos exista todavía esquirlas. Es por ello que esperamos que estos acuerdos que hoy firmamos, sean cumplidos a la cabalidad”.
Como parte del convenio existe el compromiso de resarcimiento de los daños y la reapertura de la casa de salud con el nombre Ángel Díaz Cruz, así como una explicación sobre las condiciones y las formas en que falleció el menor.
Según el estándar internacional, a partir de la firma y durante los siguientes tres meses se dará seguimiento a todos los acuerdos plasmados en el acuerdo que se firmará hoy y posteriormente se tienen que cumplir todos los puntos en un plazo no mayor a los tres años.
