(12 de febrero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), 16.5% de la población mexicana tiene algún tipo de discapacidad auditiva; además, a este escenario se añade que uno de cada diez afectados por esta condición, es un menor.
Entre mil nacimientos en el país, la sordera congénita afecta de manera severa a un recién nacido, pero si se engloban las pérdidas de audición en distintos grados, el número asciende a tres; sin embargo, una prueba de tamiz auditivo efectuada durante el primer mes de nacimiento, ayudaría a detectar de manera oportuna los casos y que los niños con sordera profunda de nacimiento, sean candidatos a un implante coclear lo antes posible para que no se retrase el proceso de aprendizaje del lenguaje, tomando en consideración que las bases del mismo se sientan en los primeros tres años de vida.
Desgraciadamente, un porcentaje todavía bajo de dicha población puede acceder a esta alternativa por falta de recursos, con lo que se le impide su acceso a la salud, a pesar de que es un derecho social y universal -consagrado en la Constitución Política- independientemente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios y es considerado un elemento esencial para que el Estado siente las bases para eliminar la desigualdad entre la sociedad.
Desde 1986 se comenzó a hacer este tipo de implante en nuestro país, aunque su desarrollo fue bastante limitado, pues no fue sino hasta hace cuatro años aproximadamente, que se generó un desarrollo exponencial en el campo, por lo que actualmente hay más de 300 pacientes con este tipo de implantes en México.
Hospitales públicos y privados ubicados en ciudades como Monterrey, Guadalajara, Chihuahua, Tepic y Distrito Federal, realizan el procedimiento; pero la cifra de pacientes beneficiados sigue siendo muy reducida.
De acuerdo al Hospitales Ángeles, el costo del aparato asciende a 22 mil dólares -equivalente a más de 427 mil pesos, de acuerdo al promedio en el precio de venta del dólar de este viernes- pero a esta cifra deben agregarse los costos de estudios, honorarios de cirujanos, hospitalización y rehabilitación, total que para cualquier familia mexicana es imposible de costear.
La Secretaría de Salud –en la Ley General de Salud– reconoce la discapacidad como un “problema emergente de salud pública”, ya que en años recientes se ha incrementado como resultado de la interacción de diversos factores sociales, políticos y poblacionales.
Opción y vacíos…
El implante coclear es un método quirúrgico que permite a las personas con discapacidad auditiva recuperar este sentido, pues la prótesis ayuda a sustituir las funciones perdidas o que nunca fueron adquiridas por el oído. Al someterse a este procedimiento, mejora considerablemente la calidad de vida de los pacientes.
En nuestro país, la demanda de implantes es alta debido al porcentaje de población que padece esa discapacidad, que puede ir de sordera profunda a moderada; incluso hay un tipo de sordera denominada “adquirida”.
El procedimiento se realiza a través de una cirugía ambulatoria y consiste en la colocación de un dispositivo que traduce las señales acústicas en eléctricas, para estimular el nervio auditivo y aunque el beneficio a largo plazo para el paciente, su familia y en general su comunidad, puede ser catalogado de invaluable, pocos tienen la posibilidad de costearlo, lo mismo que los pacientes con necesidad de audífonos convencionales.
De acuerdo a diversos estudios sobre el tema, la técnica no presenta complicaciones y tras la intervención, el paciente puede hacer una vida normal, aunque es imprescindible la estimulación temprana y un proceso de rehabilitación con especialistas en sordera.
En reunión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el legislador José Guadalupe Hernández Alcalá –médico especialista en otorrinolaringología- explicó que aunque el procedimiento quirúrgico para el implante coclear está consignada en el Seguro Popular, carece de fundamentación en el cuerpo de la ley.
“Los auxiliares auditivos convencionales están consignados en una intervención del Seguro Popular, lo que pasa es que la mayoría de la gente no lo conoce, entonces, también es importante diseñar un esquema para que lo conozcan… No sé si alguien tenga la experiencia personal de tener una persona sordomuda en su familia, pero es un verdadero caos, un verdadero desastre, ellos -los sordomudos- viven en un mundo distinto al que nosotros vivimos”, abundó.
Para impulsar la atención a este sector de la población, Hernández propone que una vez que se realice el tamizaje auditivo, si no escucha, el menor debe entrar a un programa de estudios especializados para tener un diagnóstico; si este es positivo, se le adapte un auxiliar auditivo convencional y un año más tarde, podría ser operado para el implante coclear.
“Es un derecho que ya tienen, que está consignado sin tener una fundamentación legal en el Seguro Popular, pero podemos darle la opción a miles de niños, para que tengan la posibilidad de escuchar y entonces, aprender a hablar”, agregó.
Su homóloga, Araceli Madrigal, explicó que a pesar de las buenas intenciones para modificar la Ley General de Salud en beneficio de los menores con discapacidad auditiva, poco se puede hacer si desde el Congreso no se etiquetan recursos anuales suficientes para atender a los menores, por lo que pidió congruencia.
En tanto, la diputada Mariana Trejo, de Morena, pidió que se impulse el tema para atender a los niños con esta discapacidad.
