(1 de enero, 2014).- “Estos 20 años nos pasaron por encima”, aseguró Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía y negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para su implementación en la década de los noventa. No obstante, para el funcionario, el convenio ha sido un éxito… pero no para todos.
20 años después, Guajardo lamenta que el avance no haya sido parejo. Sobre todo para el sector agrícola, el que se ha visto más afectado por el convenio que instauró y firmó el ahora ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, el 1 de enero de 1994 con Estados Unidos y Canadá.
En las dos décadas que han pasado, las importaciones de grano y oleaginosas pasaron de 8.8 millones de toneladas en 1993 a 29. 26 millones en 2012. Como consecuencia, se ha destruido una parte considerable de la infraestructura productiva nacional, se ha multiplicado el desempleo, se ha profundizado el abandono de los entornos rurales y ha aumentado la migración.
Mark Anderson, quien fuera director de asuntos económicos internacionales de la la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) durante los años de debato sobre el TLCAN, ha sostenido que el incremento de exportaciones agrarias de Estados Unidos a México contribuyó a la expulsión de millones de campesinos mexicanos de sus tierras.
El ahora asesor externo del presidente nacional del sindicato nacional siderúrgico USW, aseguró que todos esos campesinos terminaron “desemplumando pollos en una planta de procesamiento de carne en el este de Tenesi con salarios de miseria, sin derechosa ni protecciones porque son indocumentados, todo para beneficiar a las grandes empresas agroindustriales estadounidenses”.
Uno de los efectos más graves y evidentes de este acuerdo internacional es la concentración de la producción y los mercados a favor de unas cuantas firmas trasnacionales. Aproximadamente unas 100 empresas, por ejemplo, acaparan el 50 por ciento de las exportaciones del Tratado.
A lo largo de estas dos décadas el gobierno mexicano eliminó las empresas estatales de regulación que operaban el sector agropecuario. El vacío estatal fue aprovechado por las trasnacionales y, sin regulación del Estado, muchos de los pequeños productores comerciales sucumbieron frente a la competencia de los productos exportados.
El TLCAN, además, debía acelerar la conversión de nuestro país uno de primer mundo. De acuerdo con un reporte del Banco Mundial, la proporción de mexicanos en pobreza respecto al total de la población es igual que en aquella fecha: 52 de cada 100 mexicanos.
No obstante, para Jaime Serra Puche, secretario de Comercio y Fomento Industrial durante el gobierno de Salinas, “evaluar los resultados del Tratado con base en las cifras de pobreza y desempleo […] es una evaluación un poquitín injusta”. El TLCAN, argumenta, nunca fue planteado como panacea económica que resolvería todos los problemas sociales, por el contrario, cumplió cabalmente con sus objetivos: incrementar la exportación.
En vísperas de cumplirse el vigésimo aniversario del Tratado, el embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, ha anticipado que el gobierno mexicano, junto con el estadounidense y canadiense, buscará darle una nueva visión estratégica a este “instrumento comercial” el próximo febrero: como incorporar el sector de las tecnologías de las informaciones, operaciones en red y “la nueva realidad energética regional”.
Guajardo Villarreal ha reiterado que “más que decir que nos equivocamos con el tratado en el sector agrícola, más bien nos equivocamos en no implementar una política pública que le diera mejor viabilidad a ese sector”. La esperanza es que la “equivocación” se corrija y no se repita en los otros sectores que pretenden incorporar.
Por ahora, de acuerdo con Mark Anderson, alguien sin duda está ganando gracias al Tratado: son los administradores y accionistas de las empresas que operan en América del Norte. Por el contrario, según organizaciones no gubernamentales, en dos décadas en nuestro país se ha registrado ecocidio y devastación del campo mexicano, desempleo, precariedad laboral, bajos salarios y migración.
