Los comicios federales del 2018 serán una elección de Estado. Desde ahora se vislumbra en el PRI cuentan con tan poco tiempo para hacer creíble de nuevo cualquier cambio, a lo cual se suma la nueva redacción de estatutos una vez fueron excluidos de ellos temas como la defensa patrimonial del petróleo, de la energía eléctrica, con los cambios a las relaciones exteriores mexicanas interviniendo y calificando inclusive elecciones de otros países y, por si fuera poco, con el arrastre de corrupción enmarcado no solamente con los personajes de moda sino con los vistos y mantenidos en la impunidad del pasado, será difícil sino es que imposible retenga la Presidencia de la República
Bien puede no ser ese el único daño porque estando en juego nueve gubernaturas, el arrastre puede ser similar a la caída de las fichas de domino. Conforme se acerca la reñida elección presidencial se incrementan los riesgos políticos, por la baja popularidad de la administración saliente “y las señales de mayor apoyo para candidatos populistas”, como lo advirtió la calificadora Moody´s Investors Service. De ahí se intensifiquen las negociaciones para hacer una entrega del poder a modo, a un grupo de aliados presuntamente en la oposición, muy probablemente para la formación de un gobierno de coalición como el impulsado por los ex dirigentes nacionales del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y del PAN, Gustavo Madero, así como el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.
La idea central es, sin duda y a ojos vista, frenar al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y a Andrés López Obrador, a fin de no permitirle ganar la Presidencia de la República. Para tal efecto, ya cuentan con organismos electorales a modo. Y la mejor prueba de la entrega de los institutos estatales, del federal e inclusive de los Tribunales se encuentra en las calificaciones otorgadas al proceso llevado a cabo en el Estado de México, aunque tampoco debe exentarse el de Coahuila. El argumento ahora es la dificultad para dejar debidamente demostrado se elevaron los gastos de campaña. No hay registros presentados por los partidos políticos, repiten una y otra vez.
A raíz de lo que puede acontecer en el 2018, se habla de la absurda propuesta, aceptada entonces y hasta celebrada, de centralizar los procesos y ahora ya se ve el error de su aceptación justo con lo acontecido en Coahuila, en donde el reclamo fue directo hacia el centro cuando la reforma electoral ató de manos a los locales. El padre de semejante ideota fue nada menos que Gustavo Madero y así se ha procedido en las cercanías de cada proceso, convirtiendo las leyes electorales en un galimatías dentro del cual resulta mucho más fácil, por un lado, partidizar a un Instituto supuestamente ciudadano y, por el otro, inclinar la balanza hacia quién puede llevar a los consejeros a convertirse en Ministros de la Corte.
La partidocracia es el sistema de gobierno desarrollado en este siglo en México y funciona a favor de los principales fuerzas políticas y sus rémoras en el Congreso. Para sacar adelante su proyecto de despedida del poder, el PRI cuenta con el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), es decir, el organizador y el árbitro de las elecciones, lo cual convierte los comicios en un partido arreglado de antemano. Así se ve, como señalamos anteriormente, en la calificación de las elecciones en los estados de México y Coahuila, en donde se frena el avance de Morena en el primer caso y no se le reconoce triunfo alguno y, en el segundo, con la anulación de la elección para favorecer los intereses del PAN. Fueron y son elecciones de Estado, lo mismo se espera ocurra a nivel federal, pero el fraude tendrá un alto grado de dificultad conforme avanza la intención del voto a favor del líder político opositor tabasqueño.
Hasta el momento la actuación del INE es cuestionada por su inclinación a los intereses del Ejecutivo Federal
Hasta el momento la actuación del Instituto Nacional Electoral (INE) ha sido severamente cuestionada hasta el punto de exigir la renuncia de sus integrantes por parte de diversos sectores de la sociedad mexicana, incluidos legisladores federales, quienes reprueban su inclinación a favorecer los intereses políticos del titular del Ejecutivo Federal, y no cumplir con sus atribuciones y responsabilidades constitucionales. El instituto a cargo de Lorenzo Córdova exhibe un día si y otro también su interés por favorecer la partidocracia. Desde ahora prevé asignar el próximo año 6 mil 752 millones de pesos a los partidos políticos y candidatos independientes -60 por ciento más que este año- para poder financiar las campañas federales. De acuerdo a la primera versión del Anteproyecto de Presupuesto 2018, el cual analizan los consejeros del INE, se contempla asignar a los institutos políticos 2 mil 434 millones de pesos más de los 4 mil 138 millones de este año.
De los 6 mil 709 millones de pesos que recibirán los nueve partidos políticos, la mayor parte, 4 mil 273 millones de pesos, son para actividades ordinarias y 2 mil 136 millones de pesos para gastos de campaña, cifra que en 2018 incrementaría considerablemente la bolsa de recursos partidistas. Para actividades específicas se contemplan 128.1 millones de pesos, franquicia postal 170.9 millones, y 693 mil pesos en franquicia telegráfica. Los candidatos independientes competirán en condiciones muy desiguales frente a los partidos políticos. Apenas se contempla darles 42.7 millones de pesos frente a los 2 mil 136 millones de los institutos políticos.
En elecciones federales los partidos políticos reciben montos más altos para que puedan destinar dichos recursos a las campañas presidenciales, de diputados federales y senadores. En 2012 recibieron en total 5 mil 142 millones de pesos, repartidos entre siete partidos políticos, y en 2006, 4 mil 171 millones distribuidos a ocho institutos políticos. El Anteproyecto de Presupuesto para 2018 para el INE en 2018 asciende a 19 mil millones de pesos, 83 por ciento más que el actual, de 10 mil 932 millones de pesos. Estas aún no son cifras finales, habrán de variar una vez que los consejeros electorales regresen de vacaciones.
DEMOCRACIA CARA; PROCESOS INCONFIABLES
Si las cifras reveladas le causaron escalofrío y le demostraron lo caro que resultan los procesos, las elecciones en México, debo decirlo eso no es todo, está todavía lo peor, lo aportado por terceros, ya sea los mismos gobernadores sustrayendo el dinero público, los empresarios, los constructores, los hoteleros, los textileros, los concesionarios, profesionistas con despacho u consultorías propias y… el narcotráfico. Al referirnos a los primeros sabido y reconocido inclusive por quienes han estado como titulares del IFE, por cada peso aportado por la iniciativa privada esperan la devolución de, por lo menos, diez.
De ahí parten las asignaciones de obra de manera directa, el encarecimiento de éstas, las concesiones al vapor por encima de cualquier ley o reglamento, y que deban pagarse todos los compromisos contraídos a cambio de aportaciones económicas para campañas cuyo objetivo primordial es comprar los votos y hacerlo con dinerito contante y sonante, en efectivo, pues. Los triunfos hasta ahora logrados por todos, absolutamente todos los partidos políticos y sus abanderados bien pueden considerarse el arranque de la corrupción sexenal y de ellos están dando cuenta y muy clara quienes han asumido los cargos, las gubernaturas en los últimos tiempos.
La solución, nos refieren, no está en bajar los sueldos de los consejeros de los institutos, tanto de los locales como del federal, tampoco en reducir los recursos de los partidos políticos, radica en amarrarle las manos a los gobernadores con controles verdaderamente estrictos y dejar de amenazarlos con cárcel para cumplir encerrando a quienes abusen del poder y usen los fondos de los ciudadanos. Al impedirles movimientos como los que hoy realizan, dejarán de ser sujetos de intereses para los aportadores de efectivo en las campañas y si a esto se agrega el voto obligatorio, tampoco habrá el interés de sacar a la gente a las urnas con una etiqueta de correspondencia bien puesta, al convertir el sufragio en obligatorio so pena de no cumplir y obtener un castigo, dejarán los ciudadanos de evitar enterarse a fondo de quienes son sus candidatos y será entonces sí libre el cruce de boletas.
JUEZ CARO Y COOPTADO
Como se observa, el organizador de las elecciones federales del próximo año se encuentra totalmente cooptado por los intereses políticos y económicos de los partidos políticos. También sucede los mismo con el árbitro de los comicios: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Sus decisiones en torno a los pasados procesos en el Estado de México y Coahuila serán un adelanto de su actuación en las federales del 2018. De entrada, los magistrados representan un pesada carga para el erario público federal. En su primer año de gestión, cada uno de los siete magistrados de la Sala Superior del TEPJF y su equipo de trabajo, costará al erario más de 47 millones de pesos en promedio, sólo considerando sueldos y prestaciones. Reducirles este ingreso no es precisamente la solución, aunque sin duda representa un punto para evitar siga creciendo ese abismo entre el salario de catedráticos, de investigadores, inclusive de la clase trabajadora con estos altamente privilegiados dizque servidores.
Las percepciones netas de los siete magistrados quienes calificarán las elecciones presidenciales del 2018, ascienden a 4 millones 564 mil pesos anuales cada uno, lo cual equivale a más de 380 mil pesos mensuales. Las percepciones anuales brutas de cada uno de ellos ascienden a 6.7 millones de pesos, incluyendo sueldo tabular, prestaciones de ley, pagos por riesgo, seguros, fondo de ahorro y seguridad social. A esa cantidad se le restan 2.2 millones como retención del ISR. La remuneración anual neta de 4.5 millones de pesos es superior a la del Presidente de la República –de poco más de 3 millones de pesos anuales-, y apenas inferior a las de los funcionarios mejor pagados en el país: los siete miembros del Consejo de la Judicatura Federal -4.7 millones de pesos anuales cada uno-, y los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -4.6 millones de pesos-.
Por si lo anterior fuera poco, cada magistrado cuenta con un equipo de más de 30 funcionarios de primer nivel, entre secretarios de Tesis, secretarios de Estudio y Cuenta, secretarios particulares, asesores y secretarias. Esto arroja un costo promedio por Ponencia (o equipo) de más de 47 millones de pesos. En total, los sueldos de los siete “magníficos” y los 240 empleados que trabajan directamente en sus ponencias suman 331 millones de pesos. Esta cifra representa más del 10 por ciento del presupuesto total del Tribunal, que este año llega a 3 mil 125 millones de pesos. El 75 por ciento del presupuesto del TEPJF se gasta en “servicios personales”, es decir, el pago de la nómina de mil 800 plazas permanentes, todas de confianza.
En el TEPJF también se dieron las cuotas partidistas. En el 2016, cuando el Senado recibió de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las siete ternas con aspirantes al Tribunal Electoral, las fuerzas mayoritarias en la Cámara alta (PRI, PAN y PRD) platearon la negociación como un tema de cuotas. Así, cinco de los siete magistrados que conforman la Sala Superior del TEPJF -Janine Otálora (respaldada por el PRD), Mónica Aralí Soto (PRI), Felipe de la Mata (PAN) y Felipe Alfredo Fuentes (PRI)- calificarán las elecciones presidenciales de 2018, y las del 2024. Considerando el sueldo actual, las dos magistradas y el magistrado que permanecerán nueve años en el Tribunal terminarán ganando más 40.5 millones de pesos durante todo su encargo, con la posibilidad, si son obedientes, de convertirse en parte de la Suprema Corte de Justicia o de retirarse con una pensión multimillonaria y llena de prestaciones.
PREVISIBLE UN FRACASO EN RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN
Desde ahora la Secretaría de Economía advierte pueden fracasar las negociaciones de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). México debe prepararse ante la posibilidad de que Estados Unidos abandone el tratado, advierte la Senado de la República la dependencia en un documento entregado el pasado 27 de julio. De concretarse la ruptura, el Tratado seguiría vigente para México y Canadá, mientras con EU aplicarían las disciplinas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), adelanta la dependencia que encabeza Idelfonso Guajardo.
México tendría que poner en marcha una agenda comercial para diversificar las exportaciones y también los inversionistas. “A la par de la modernización del TLCAN se debe conducir el proceso de modernizar el TLC con la Unión Europea y con la Asociación Europea de Libre Comercio”, subraya. Economía plantea la necesidad de consolidar la Alianza del Pacífico, así como la profundización y ampliación de los acuerdos comerciales con Brasil y Argentina. La Secretaría de Economía aceptó el interés de México por renegociar en poco tiempo, a menos de un año de las elecciones presidenciales. “Nuestro objetivo es tener un proceso de negociación expedito, que mantenga los beneficios que hemos logrado durante la vigencia del Tratado, pero al mismo tiempo sirva como una plataforma de modernización”, apuntó.
En cuatro áreas estratégicas trabajará el gobierno en la modernización del TLCAN: fortalecer la competitividad de América del Norte, avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable, aprovechar oportunidades de la economía del Siglo XXI y promover la certidumbre del comercio y las inversiones, de acuerdo al documento “Prioridades de México en las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, presentado por la Secretaría de Economía a la Junta de Coordinación Política del Senado.
