(03 de Agosto, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- En marzo pasado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), lanzó una campaña en medios de comunicación titulada “SE BUSCA POR ROBO. Transmitir desde una estación de radio sin concesión es un delito. Las estaciones sin concesión nos afectan a todos”, además de un spot llamado “Estaciones sin concesión”.
En una segunda etapa de la campaña, puesta en marcha en abril, el instituto afirmó que las radiodifusoras que transmiten sin concesión “usurpan frecuencias, violan la ley y causan interferencias que pueden ser peligrosas, por ejemplo, para los aviones”. En uno de los mensajes transmitidos, se podía observar a una pareja conversando sobre la desaparición de la estación de su compadre y planear ir a buscarlo pues, seguramente estaba “metido en problemas”.
En el mismo mensaje, el IFT “invitó” a las radiodifusoras sin permiso a regularizarse y dejar de ser “ilegal”.
Días antes de la difusión de los segundos mensajes, representantes de organizaciones como el Congreso Nacional de Comunicación Indígena, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, defensores de derechos humanos, académicos, comunicadores, periodistas y medios sociales, exigieron al IFT retirar del aire la campaña y ofrecer disculpas por considerar que los mensajes violentaban los derechos fundamentales y criminalizaban a comunicadores comunitarios e indígenas.
Tomando como base el artículo 8 constitucional, las organizaciones argumentaron que la campaña fomentaba la violación de los derechos humanos de los encargados de las radios comunitarias, además de los derechos colectivos de las comunidades indígenas consagradas en la ley.
Cabe recordar que, luego de dos años de la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, se firmaron los Acuerdos de San Andrés Larráinzar en los que -entre otras cosas- se reconoció el derecho de las comunidades a operar sus propios medios de comunicación, lo que derivó en la modificación del artículo 2 constitucional.
Sin embargo, algunas voces –como la del fundador del Canal del Congreso y ahora diputado federal, Virgilio Caballero- han señalado que la sustitución del Instituto Nacional Indigenista (INI) en 2003, por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), generó problemas de operación de los programas enfocados al desarrollo de los pueblos indígenas.
A pesar de ello, desde el año 2000, en los estudios institucionales e investigaciones académicas, a las radios indígenas se les ha clasificado y denominado “populares”, “participativas” o “comunitarias” pero no “ilegales” o “piratas”; tampoco se les acusó de cometer delito alguno por ejercer su derecho a comunicar, por obtener u operar sus propios medios.
En 2013, para aprobar la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión -así como sus leyes secundarias- y a consecuencia de que los comunicadores indígenas reclamaron no haber sido incluidos en la discusión de dicha reglamentación, los partidarios de las nuevas leyes prometieron que las modificaciones democratizarían el sistema de medios y que habría un reconocimiento a la libre expresión de las comunidades y de la ciudadanía, en general.
Un año más tarde, al promulgarse la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y luego de grandes esfuerzos por incidir en la toma de decisiones públicas, organizaciones de la sociedad civil lograron que en dicha norma se estableciera la obligatoriedad de reservar 10% de la banda de espectro de radiodifusión sonora para concesionarias de uso social; además de que se les asignara el 1% de los recursos etiquetados para publicidad oficial; sin embargo, que sea explícito en la ley, no garantiza su aplicación.
A pesar de los avances en el reconocimiento y promoción de los derechos de pueblos y comunidades indígenas, incluido el acceso y operación de sus propios medios de comunicación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones difundió la citada campaña que operadores de radios comunitarias consideraron ofensiva.
Criminalización y denuncia
En mayo pasado, el vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Virgilio Caballero, presentó una propuesta para que desde el Congreso, se exhortara al IFT a retirar la campaña “SE BUSCA POR ROBO”, a responder a los señalamientos que las radios comunitarias e indígenas hicieron contra esta y a implementar una campaña permanente de diálogo y trabajo con las comunidades para el otorgamiento de concesiones de uso social.
En el texto, el legislador recordó que el artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no establece ninguna sanción por la prestación de este tipo de servicios sin concesión y exhortó al IFT a reconocer formalmente los derechos de los pueblos originarios y otorgar facilidades para que las concesionarias de uso social operen en el marco de la ley, pues aunque recientemente el pleno del instituto autorizó a 23 permisionarios la transición al régimen de concesión para uso social, solamente uno le fue otorgado a una radio comunitaria indígena.
Además, denunció que en el contexto de la campaña, se incautaron equipos de transmisión, lo que viola el artículo 7 constitucional en el que se advierte: “en ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información opiniones e ideas como instrumento de delito”.
Sin embargo, luego de más de dos meses de haber sido presentado el documento, la Tercera Comisión de la Permanente, a la que fue turnado el tema, ni siquiera lo ha analizado.
En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, el diputado Virgilio Caballero explicó que modificará su propuesta para exigir que el Instituto Federal de Telecomunicaciones no vuelva a difundir campañas en detrimento de las radios comunitarias, pues la arriba citada concluyó el pasado seis de junio.
“Fundamentalmente, lo que buscamos en el punto de acuerdo es que se deje de criminalizar a las radios comunitarias. ‘SE BUSCA POR ROBO’, fue nada menos el lema de una campaña del Instituto Federal de Telecomunicaciones para poder proceder judicialmente contra los comunicadores indígenas y campesinos que están procurando su propia comunicación”, sostuvo el legislador.
El también secretario de la Comisión de Radio y Televisión en la Cámara de Diputados, recordó que las radios comunitarias e indígenas han sufrido desde siempre el acoso y la persecución de todo tipo de autoridades, incluyendo a la policía federal: “ha habido incluso muertos en Oaxaca y se desarma a las comunidades quitándoles los equipos con los que producen sus transmisiones”, subrayó.
Argumentó que es inaudito que el IFT haya diseñado y difundido una campaña que expresamente criminaliza a las radios comunitarias, sobre todo, por ser la autoridad que debería protegerlas.
El parlamentario denunció que aunque en la reforma en Telecomunicaciones se estableció la asignación de 10% del espectro radioeléctrico para uso social, este precepto no se ha cumplido en lo absoluto; además criticó que las comunidades que solicitan una concesión no tengan facilidades para concluir el complicado trámite.
“Les ponen los mismos requisitos que si se tratara de conseguir un permiso comercial; está lleno de papeleo y pretextos para hacer larguísimo el proceso de asignar el permiso. Todo eso forma parte de esta discriminación hacia el pueblo de México y a sus comunidades más pobres para que lleven a cabo su comunicación”, reprochó Caballero.
Cuestionado sobre la posibilidad de que los funcionarios del IFT que diseñaron o aprobaron la difusión de la campaña “SE BUSCA POR ROBO” sean sancionados, el diputado federal subrayó la importancia de denunciarlos, pues estarían incumpliendo la ley, por lo que no descartó que la modificación de su propuesta incluya este tema.
Aunque el vicecoordinador parlamentario consideró que no es necesario hacer cambios en lo inmediato a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sí urgió a “hacer que se cumpla lo que está escrito” y flexibilizar los requisitos para que las comunidades indígenas accedan al espectro radioeléctrico y a la asignación del 1% de los recursos que se destinan a publicidad.
Además, Virgilio Caballero subrayó la importancia de la existencia de radios sociales y comunitarias, pues aportan conocimientos sobre pueblos originarios de los que la mayoría de las personas no saben que existen; dónde, cómo viven y qué problemas deben enfrentar.
“Las comunidades buscan la comunicación por la radio para dar a conocer su existencia, sus problemáticas, sus necesidades. Desde luego, esto es lo que hay que tomar en cuenta para proceder en favor de ellas. Tienen necesidad de hacer saber que existen y en qué condiciones lo hacen”, dijo el legislador.
Cuando Revolución TRESPUNTOCERO intentó ponerse en contacto con el área de comunicación social del Instituto Federal de Telecomunicaciones para preguntar la opinión de algunos funcionarios sobre los señalamientos del diputado de Morena fue imposible hacerlo; sin embargo, se encontró con el siguiente mensaje en la contestadora:
“Estás llamando al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Te informamos que por disposición oficial, el periodo comprendido del 18 al 29 de julio, es considerado inhábil. Te pedimos llamar más adelante”.
Una radio comunitaria con futuro
Indalecio Benítez es el representante legal de Calentana Luvimex XHLUV, la primera radio comunitaria concesionada tras la reforma en materia de Telecomunicaciones de 2013; transmitirá desde el municipio de Luvianos, en el estado de México a través del 96.5 de FM, con 3 mil watts de potencia.
Tras muchos meses de espera, de entrar y salir con copias de las lujosas instalaciones del IFT ubicadas en avenida Insurgentes –pues fue a finales de 2014 que Indalecio presentó su solicitud- el pasado ocho de junio, el Pleno del instituto aprobó otorgarle la concesión. Un mes después, el 15 de julio le fue entregada formalmente.
La “concesión única de uso social comunitario” establece que Calentana Luvimex no puede vender espacios publicitarios y la “de uso del espectro radioeléctrico” le garantiza poder transmitir por Frecuencia Modulada, así como el acceso al espectro radioeléctrico por 15 años, pudiendo extenderse el plazo hasta 2046.
Sin embargo, tras haber sorteado el primer obstáculo, Indalecio enfrenta otro reto: poder equipar la radio.
“No estábamos preparados para este tipo de gasto. Anteriormente, cuando transmitíamos y teníamos 20 watts, equipamos la radio con 22 mil pesos; teníamos una computadora y un transmisor de 4 mil pesos. Era algo muy sencillo. Pero ahora que nos dan 3 mil watts, imagínese. Además, nos están exigiendo tener aparatos de medición; entonces, calculamos que necesitamos, mínimo, medio millón de pesos para poder equipar la radio”, dijo Indalecio en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO.
Para complicar aún más el escenario, la legislación actual establece que si en 180 días no comienzan las transmisiones de la nueva radio comunitaria, debe revocarse la concesión, por lo que la preocupación inmediata es idear la forma de financiar la adquisición del equipo, con la limitación de no poder acceder a patrocinios ni comercializar espacios.
Indalecio confiesa que si bien tuvo que esperar largos meses para que el IFT resolviera sobre su solicitud, el hecho de que viviera en la Ciudad de México fue de gran ayuda -él y su familia salieron de Luvianos en 2014, luego de que un comando armado atacara las instalaciones de Calentaba Mexiquense, radio comunitaria desde la que difundía, asesinando a Juan, su hijo, de apenas 10 años- pues no implicaba un fuerte gasto para su economía trasladarle a las oficinas del instituto cada vez que tenía que entregar algún documento que este le solicitaba.
“El trámite es engorroso y complicado. Imagínese lo que le costaría a un colectivo de Oaxaca, Chiapas; no se diga de Chihuahua, Baja California. Prácticamente es imposible. El costo es muy alto, no tanto por lo que cobra el IFT, porque inclusive ya eliminaron el pago para revisión de expediente que era de más de 3 mil pesos. Lo caro son los pasajes para estar trayendo los documentos”, detalla el comunicador comunitario.
Hace algunos meses, Revolución TRESPUNTOCERO informó de la agresión que sufrió Indalecio mientras mantenía un plantón a las puertas del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con la exigencia de que dicha dependencia le regresara el equipo de transmisión que le había decomisado en un espectacular operativo en el que incluso participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar).
El comunicador informó que luego de levantar el plantón, fue muy difícil entablar diálogo con los funcionarios de la dependencia; sin embargo, sostiene que “tomamos la mejor decisión al retirarnos porque si bien es cierto que algún funcionario quería meter presión, lo que buscaban era generar alguna provocación para poder justificar algún acto desfavorable (en la asignación de la concesión) y no les íbamos a dar espacio para eso”.
Indalecio sabe que haber logrado la asignación de la frecuencia para Calentana Luvimex, implica un gran avance en la comunicación comunitaria: “sentamos un precedente a nivel nacional, forzamos el candado, abrimos el candado y ya la puerta está abierta para quien desee ingresar su solicitud. Hemos logrado que varios compañeros puedan tener su concesión. De algo sirvió manifestarnos y seguir exigiendo como lo estuvimos haciendo”, dijo.
Sin embargo, considera que aún hay muchos pendientes; en lo inmediato, está convencido de que hay que cambiar las reglas para que las radios sociales, comunitarias e indígenas, puedan acceder fácilmente a financiamiento.
“Nos restringen que tengamos publicidad cuando hay países como Canadá, en donde las radios comunitarias tienen acceso a cuatro minutos por hora para hacer publicidad y poder sostenerse. Tal pareciera que aquí en México, nos quieren ahogar, como para que desistamos en tener nuestra propia radio”, reflexionó Benítez.
Y agregó: “ahora nos toca luchar contra la burocracia y hacer que se modifique la ley en ese aspecto. Ya se le planteó el tema a los legisladores y estoy seguro que en un futuro, vamos a lograr que cambien esas leyes en las que nos restringen el acceso a tener financiamiento para la radio. Tenemos contacto con el ombudsman nacional y buscamos un encuentro con el Alto Comisionado de la ONU para plantearles el tema; seguimos en ese tenor y así vamos a continuar”.
Indalecio tiene claro que los contenidos que difundirá Calentana Luvimex estarán enfocados en la cultura y educación, pues tiene como objetivo llamar y mantener la atención de la juventud, segmento poblacional que considera más vulnerable a la cooptación del crimen organizado; además, se ha propuesto coadyuvar en la reducción de la incidencia delictiva del municipio, ubicado en los límites con el estado de Guerrero.
Cuando Revolución TRESPUNTOCERO preguntó a Benítez si tiene miedo de regresar a la comunidad donde perdió un hijo, contestó: “a ratos me da miedo y a ratos no, pero por algo elegimos esta profesión y estamos aquí. Dicen que cuando haces lo que te gusta, le tomas sabor. Hay momentos en que sí, me dan ganas de desistir, pero tengo un ángel en el cielo que me fortalece y me ayuda. Sé que sin él, no se hubiera logrado”.
En los últimos meses, Indalecio Benítez ha dado cursos de capacitación a varias comunidades y organizaciones sociales de Chiapas, Oaxaca y Nayarit para que sepan cómo presentar sus solicitudes de concesión para radios comunitarias.
A estos grupos les envió el siguiente mensaje: “no desistan, continúen con la lucha. La división entre organizaciones ha obstaculizado el avance. Quisiera que haya unidad de todas las organizaciones llámense como se llamen y vengan de donde vengan, para poder avanzar y que la lucha la demos todos, en un solo frente”.
Reivindicación de la verdad, a través de la radio popular
Para Radio Zapote, radio “libre, de comunicación popular y estudiantil”, como la definen sus integrantes, el escenario no es tan halagüeño.
Creada en 2001 –en el marco de la denominada “Marcha del color de la tierra” en la que cientos de simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) recorrieron diversos estados de la República para terminar la caminata en el Zócalo capitalino– el proyecto encabezado por jóvenes tiene como objetivo crear un archivo radio-sonoro-visual, que sirva para facilitar el proceso de comunicación con varios grupos sociales, particularmente con los relacionados con procesos de lucha y resistencia; además, busca difundir información que vaya “más allá de la simple nota”.
En aquel entonces, los estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), espacio donde se albergan las instalaciones de la radio, vieron la necesidad de romper el cerco informativo que mantenían los medios de comunicación tradicionales para dar a la ciudadanía una nueva visión del movimiento social generado por la reaparición del movimiento zapatista.
Además del tema zapatista, Radio Zapote ha seguido con detenimiento hechos que impactaron en la agenda social como lo sucedido en San Salvador Atenco, la aparición de las Policías Comunitarias de Guerrero, el conflicto por agua y la resistencia del pueblo yaqui, el despojo a la comunidad de Xochicuautla, el incremento de la migración centroamericana y su paso por nuestro país; también ha contado con testimonios en su cabina de organizaciones sociales como el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).
Ángel Huerta, colaborador de la radio recuerda que “una semana antes de que algunos de los integrantes del Frente fueran baleados aquí en la delegación Iztapalapa, en el Distrito Federal, estuvieron con nosotros en la cabina denunciando el acoso”.
Sin embargo, han tenido que sortear algunas dificultades.
Hace algunos meses, cuando invitaron a familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde septiembre de 2014, a compartir su experiencia desde la cabina de Radio Zapote, elementos de seguridad de la escuela intentaron impedir su paso, presuntamente por órdenes de la dirección de la escuela.
“El argumento de la policía era que no querían que se interrumpieran las clases, lo que nos pareció fuera de lugar porque no teníamos esa intención. Finalmente se hizo la entrevista, los padres tomaron el micrófono y hacer un mitin”, contó Ángel.
En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO y a pregunta expresa de con qué figura jurídica cuentan para transmitir, a raíz de la reforma en materia de Telecomunicaciones, Huerta explicó que “Radio Zapote siempre se ha declarado una radio libre; es decir, que no necesitamos permiso para ejercer nuestra libertad de tomar los medios. Las leyes siguen siendo privativas; por ejemplo, la nueva ley, limita mucho a las radiodifusoras comunitarias y de uso social. Nosotros siempre hemos mantenido una postura muy crítica hacia eso”.
Aunque en estos momentos, por cuestiones técnicas la radio ha salido del aire, Ángel detalló que cuando han hecho uso de la frecuencia modulada para transmitir, el alcance de ésta es muy limitado, de aproximadamente cinco kilómetros.
“En el ámbito legal, siempre nos han querido cooptar, sobre todo las autoridades de la ENAH. En administraciones anteriores han querido negociar y evidentemente nosotros no nos hemos prestado a entrar en esa dinámica de la política interna porque hay muchos intereses. En este momento, es evidente que no somos del gusto de la actual directora, Julieta Valle”, detalló Ángel.
En los últimos meses, los colaboradores de Radio Zapote se han mantenido a la expectativa ante la posibilidad de que los puedan desalojar de las instalaciones y por la campaña iniciada por Valle con trabajadores y jefes de carrera, a quienes ha advertido de los cambios que pretende hacer, incluida la “recuperación” de espacios en los que se mantienen proyectos como el de la radiodifusora.
En enero pasado, el cese de Arturo Camas, trabajador por más de 20 años de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el Departamento de Medios Audiovisuales y colaborador de Radio Zapote, cayó como balde de agua fría.
Aunque formalmente se argumentó que la mutación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) a la Secretaría de Cultura –del que oportunamente ha informado Revolución TRESPUNTOCERO– generó un recorte de personal, sólo Arturo fue despedido por ser “un caso especial”. Huerta sostiene que influyó el hecho de que fuera dueño de una antena de transmisión y su cercanía con la radiodifusora, por lo que declararon el hecho como una agresión a la misma.
Actualmente hay una demanda por despido injustificado, que tendrá que ser dirimida ante las autoridades correspondientes.
Hace apenas unos días, el viernes 22 alrededor de las 11:30 horas, a través de las redes sociales alertaron a los colaboradores de la radio sobre un intento de abrir dicho espacio.
“Un compañero que se encontraba cerca fue a colaborar y ahí estaba una persona que se portó bastante violenta. El compañero le dijo que no podía abrir, que era un espacio que no pertenecía al área académica. Para entonces, el cerrajero ya tenía desarmadas dos chapas, incluida la de seguridad. El pretexto fue que necesitaban revisar la red eléctrica. El compañero permitió que revisaran, pidió que volvieran a armar la chapa, así lo hicieron y se fueron. Le informaron que el administrador, Mario Díaz, había dado la orden de abrir el espacio y los de otros profesores e investigadores, además de otro cubículo”, detalló Ángel.
Afortunadamente, no hubo tiempo de que sacaran ningún equipo; sin embargo, Radio Zapote encendió sus alarmas por haber sido violada la seguridad del espacio, pues afirman que si les hubieran avisado antes, no había habido problema en entregar las llaves para que los trabajadores pudieran ingresar.
En los próximos meses, Radio Zapote espera consolidar una programación radiofónica de calidad y contar con la colaboración de más estudiantes, por lo que en breve publicará la convocatoria para los interesados en presentar proyectos de difusión.
Además, planean abrir la discusión sobre la viabilidad o no de solicitar una concesión al Instituto Federal de Telecomunicaciones, aunque el tema económico, es uno de los principales inconvenientes, aunque reconoció que iniciar el trámite, sería como asumir que la legislación en la materia es viable, cuando consideran que esta fue hecha para beneficiar a un sector económico en particular y para que se ahorquen solos los proyectos de comunicación independientes.
“Queremos consolidar a la radio como un medio de comunicación que está de lado de la verdad. También tenemos que dejar muchos vicios de los medios de comunicación alarmistas; tenemos que pasar de la denuncia a explicar qué está sucediendo y cómo se dan casos como el de Ayotzinapa. Tenemos que comprender para tener un punto de vista. Buscamos también construir un discurso a través de herramientas como la música, la literatura, el reggae, el hip hop, que son parte de un nuevo código. No se trata solo de dar malas noticias, queremos ser un medio conductor de la verdad, en momentos de coyuntura”, sostuvo Ángel.
