En un golpe contra los abusos corporativos de las cúpulas del balompié nacional, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso este domingo una histórica multa de 42 millones 849 mil 095 pesos a la Federación Mexicana de Futbol Asociación (FMF).
La dependencia de Raquel Buenrostro determinó que el organismo privado violó de forma sistemática la legislación en materia de protección de datos personales, recolectando y tratando ilegalmente información mediante el polémico sistema FAN ID —un mecanismo impuesto obligatoriamente bajo el pretexto de la seguridad para acceder a los estadios de la Liga MX—.
De acuerdo con el comunicado oficial de la dependencia, los dueños del futbol incurrieron en dos infracciones graves relacionadas con el tratamiento de datos biométricos de los aficionados, violentando los derechos fundamentales de miles de personas al omitir las obligaciones legales para el resguardo de información considerada legalmente como datos personales sensibles.
La primera gran falta consistió en engañar a la afición al no informar que las fotografías recabadas para generar el FAN ID poseían el carácter de datos sensibles.
El aviso de privacidad de la FMF ocultó mañosamente esta condición, privando a los usuarios de la información necesaria para decidir libremente sobre el uso y destino de sus rostros y registros biométricos.
La segunda infracción consistió en no obtener el consentimiento expreso y por escrito de la afición para el tratamiento de esa información delicada.
Lejos de cumplir con la ley, la FMF se limitó a solicitar a los usuarios el marcado de una simple casilla en un sitio web, omitiendo por completo el uso de una firma autógrafa, electrónica o cualquier otro mecanismo de autenticación que acreditara de forma inequívoca la autorización real del titular.
La resolución de la autoridad federal evidencia cómo la FMF, acostumbrada a operar por encima de las leyes nacionales y a espaldas del pueblo, vulneró la confianza de los asistentes a los recintos deportivos para nutrir sus bases de datos tecnológicas de forma ilícita.
Con la entrada en vigor de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el Estado mexicano reafirma que ningún corporativo, por más poderoso que se pretenda, estará por encima de los derechos digitales y la privacidad de las familias mexicanas.
