La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, a través de su Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Cultura, determinó imponer una sanción administrativa a la empresa Comercializadora Hermanos Del Valle, S.A. de C.V., consistente en una multa económica de 171 mil 972 pesos y una inhabilitación por un periodo de tres meses.
Con este mandamiento legal, la compañía sancionada queda estrictamente impedida para participar, por sí misma o mediante intermediarios, en cualquier procedimiento de contratación, así como para celebrar contratos vigentes con dependencias de la Administración Pública Federal (APF).
De acuerdo con el reporte de la autoridad regulatoria, se resolvió que la firma actuó con dolo durante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas Electrónica de Carácter Nacional (número IA-48-410-048410002-N-12-2025). Dicha licitación tenía como objeto la adjudicación de los “Servicios Integrales para los Programas Expositivo, Editorial y de Acervos 2025 del Centro de la Imagen”.
La falta grave se consumó cuando la empresa presentó, bajo protesta de decir verdad, una manifestación de estratificación de empresa a nombre de otro licitante que participaba activamente en el mismo concurso público, vulnerando los principios de equidad y legalidad en el sector de las compras de gobierno.
“Engañar para obtener contratos públicos tiene consecuencias”
La notificación formal de la penalización se llevó a cabo el pasado 2 de julio de 2026, y sus efectos cobraron fuerza pública hoy con su publicación oficial en el Diario Oficial de la Federación (DOF). De igual forma, Comercializadora Hermanos Del Valle ya fue formalmente registrada en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, inhabilitando de inmediato su margen de negocio con el Gobierno de México.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno especificó que las medidas correctivas se emitieron con estricto apego a la ley, ponderando los criterios de proporcionalidad y la gravedad de la falta cometida. Se aclaró que la persona moral conserva a salvo su derecho de impugnar el resolutivo; no obstante, la dependencia federal advirtió que defenderá con firmeza la sanción ante los tribunales correspondientes en aras de salvaguardar el interés público y la transparencia institucional.
Con estas acciones, la Secretaría refrendó su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras gubernamentales, enviando un mensaje claro al sector empresarial: “Engañar para obtener contratos públicos tiene consecuencias”.
