El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) impuso sanciones a tres candidatos a jueces locales en materia familiar, luego de que se acreditó la entrega de propaganda electoral (acordeones) a ciudadanos, con la intención de influir en el sentido del voto.
Durante una sesión de la Comisión de Quejas del IECM, se informó que seis personas presentaron denuncias formales contra Elihú Isaí Cortes Moreno y Gerardo Barrueta Edgar, ambos aspirantes a jueces en el Distrito 07, por presuntas irregularidades ocurridas en la alcaldía Coyoacán,Ciudad de México.
Los testimonios señalan que el pasado 24 de mayo un grupo de vecinos fue convocado a una reunión en la colonia Ajusco, en donde al menos cinco personas habrían entregado hojas impresas con los nombres de candidatos, indicándoles que deberían usarlas como guía para votar el día de la jornada electoral.
“Les dijeron que lo tenían que utilizar el día de la jornada para votar por las candidaturas que ahí se encontraban señaladas, para que no perdieran los beneficios de los programas de Bienestar”, expuso el secretario técnico Manuel Lucatero durante la exposición del caso.
Acusan condicionamientos de programas del Bienestar
El testimonio también detalló que alrededor de 25 locatarios de diferentes colonias asistieron a ese encuentro, donde presuntamente también se les condicionó el apoyo de programas sociales a cambio del sufragio por determinadas candidaturas.
Además de estos dos candidatos, Daniela Alejandra López Ramírez, aspirante a jueza en materia familiar del Distrito 1, fue sancionada por una conducta similar. En los tres casos, el IECM determinó que se vulneró el principio de equidad en la contienda electoral.
La autoridad electoral capitalina no detalló el tipo de sanción impuesta (ya sea apercibimiento, multa o retiro de candidatura), aunque advirtió que se trató de una violación seria a las reglas de imparcialidad que deben regir el proceso para la selección de jueces locales.
El uso de propaganda tipo acordeón (listas que indican cómo votar), ha sido una práctica comúnmente observada en procesos electorales, pero su distribución directa con la intención de presionar o condicionar el voto puede constituir una falta administrativa o incluso un delito electoral, dependiendo del contexto y la gravedad del acto.
