(26 de diciembre, 2014).- La mañana del 27 de septiembre la prensa local del estado de Guerrero reportó la muerte de tres normalistas a manos de la policía de Iguala y un comando. También mencionó que seis personas estaban heridas y 25 más habían sido detenidas.
Esa noche, el Comité Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) informó que tras el ataque continuaban desaparecidos 55 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, por lo que se interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de Guerrero.
En la averiguación previa VRA/03/2385/2014 se dejó constancia de que por lo menos 20 normalistas habrían sido llevados por las patrullas municipales con número 017, 018, 022, 027 y 028.
A través de un comunicado, la Fiscalía General de Guerrero informó el 30 de septiembre que Daniel Gerardo Cantú Morales fue localizado junto con otros 13 alumnos, con lo cual el número de desaparecidos se redujo a 43.
A partir de entonces, el gobierno de Guerrero ofreció una recompensa por un millón de pesos para quien brindara información sobre el paradero de los 43 alumnos.
El 4 de octubre, una semana después de los hechos ocurridos en Iguala, en la localidad de Pueblo Viejo se descubrieron las primeras seis fosas, en cinco de ellas se encontraron 28 cuerpos.
Para el miércoles 22 de octubre en ese mismo sitio se ubicó una más con dos cadáveres, y en el rancho La Sierpe se localizaron otras cuatro de donde se exhumaron ocho cuerpos.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó el 24 de octubre que en total sumaban 11 fosas con 38 cuerpos. Dos días después, tras las protestas a nivel nacional, el gobernador del estado, Ángel Aguirre, solicitó una licencia.
Además, la PGR giró una orden de aprehensión contra José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala y su esposa, María de los ángeles Pineda, por su probable responsabilidad en la desaparición de los estudiantes.
No obstante, los antecedentes que se han expuesto señalan que Murillo Karam ignoró acusaciones previas —realizadas en el 2013— contra Abarca, por el presunto asesinato del perredista Arturo Hernández Cardona.
A inicios de noviembre el alcalde y la primera dama del municipio de Iguala, Guerrero, fueron capturados en una casa ubicada en la delegación Iztapalapa. A través de internet comenzaron a difundirse videos de su llegada a la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (Seido).
En el video se observa cómo arriban los elementos encapuchados de la Policía Federal y los encuentran dentro de la casa con aspecto de llevar varios días y encerrados y con ropa de poca calidad, a comparación de la que acostumbraban a presumir en sus informes o reuniones gubernamentales.
También se ve cuando Pineda Villa -ligada al cártel de los Guerreros Unidos- es llevada en el automóvil de las autoridades junto a elementos de la PF, así como cuando llevan agarrado del cuello a Abarca Velásquez; mientras que en el segundo se capta cómo llegan a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), donde ahora mismo siguen rindiendo declaraciones. http://revoluciontrespuntocero.com/difunden-captura-de-la-pareja-imperial-de-iguala-en-iztapalapa-df-video/
Finalmente, el 7 de noviembre, después de un mes de la desaparición, el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, informó en conferencia de prensa, que tres detenidos confesaron haber matado y quemado a un grupo de personas en el municipio de Cocula, Guerrero.
Los detenidos, identificados como Patricio Reyes ‘El Pato’, Jonathan Osorio ‘El Jona’, y Agustín García Reyes, presuntos integrantes de Guerreros Unidos, confesaron haber recibido al grupo de normalistas el pasado 26 de septiembre y los asesinaron.
El funcionario federal expuso las declaraciones de los detenidos que explicaron a detalle cómo realizaron las ejecuciones, además de haber calcinado y fracturado los huesos de las víctimas. Posteriormente, acorde con los testimonios, tiraron las bolsas con cenizas en el Río San Juan.
Las autoridades han encontrado bolsas de plástico, restos óseos y piezas dentales en el río, sin embargo, Murillo Karam aclaró que los normalistas seguirían considerados como desaparecidos hasta que los restos sean identificados.
Los restos serán analizados por especialistas internacionales en la Universidad de Innsbruck, en Austria, advirtió, aunque también aclaró que los asesinos intentaron borrar todos los vestigios del crimen, pues incluso quemaron hasta la ropa tanto de víctimas como ejecutores.
“Los restos humanos tienen tal grado de calcinación hasta los dientes, que al tocarlos se deshacen”, agregó.
Sin embargo, la versión de Karama fue desmentida por investigadores de la UNAM y UAM, quienes realizaron un informe de 20 cuartillas donde explicaron que “el peso promedio de los restos cremados para mujeres y hombres adultos en promedio son respectivamente: 1.8 kilogramos y 2.7 kilogramos. Usualmente los residuos están formados por cenizas y huesos de diferentes colores dependiendo de las temperaturas de cremación.
“Actualmente en la India, la cantidad de leña requerida para realizar la cremación completa de un cuerpo humano en promedio oscila entre 500 y 600 kilogramos. La duración del procedimiento es de aproximadamente 6 horas, de acuerdo con el director de la ONG, Mokshada en Nueva Delhi, el investigador Anshul Garg”, se indica en la investigación.
Asimismo se explica que “si los cadáveres se hubiesen quemado con puras llantas, para reducirlos a los restos mostrados por la PGR, se hubiesen necesitado alrededor de 995 (novecientas noventa y cinco) llantas de autos de pasajeros para cremar 43 cadáveres. Por cuanto cada llanta pesa alrededor de 10 kilogramos, de los cuales 7 son equivalentes a gasolina, y 2.5 se deben a alambres de acero”, dijo Jorge Montemayor, investigador titular del Instituto de Física de la UNAM.
Si así hubiese sido, no hay evidencia de charcos de residuos de llantas, tampoco fueron visibles columnas de humo.
De igual manera, los residuos de huesos y cenizas de leña pesarían “333 kilogramos, de los cuales 116 corresponderían a restos humanos. Ese material se podría empacar en 12 bolsas con aproximadamente 25 kilogramos”.
La conclusión de los investigadores fue contundente; “Es imposible que hayan sido quemados en Cocula, y la autoridad está en un serio problema porque si no se quemaron en Cocula, ¿quién los quemó y en dónde se quemaron?”, reiteró Jorge Montemayor en conferencia de prensa.
Hace dos semanas, el semanario Proceso publicó un reportaje de Anabel Hernández donde se presentaban documentos oficiales que acreditaban la participación de la Policía Federal en la desaparición de los normalistas.
En la investigación realizada conjuntamente con Steve Fisher, Anabel Hernández relató que desde las 17:59 de aquella tarde, el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Chilpancingo tuvo conocimiento de que dos autobuses salieron de Ayotzinapa con dirección a Iguala.
Entre los documentos que acreditan la versión de Anabel destaca una ficha informativa con folio 02370, la cual fue fiermada por José Adame Bautista, coordinador operativo de la región norte de la SSP del estado de Guerrero.
En dicho documento se menciona que desde las 17:59 horas del 26 de septiembre, el C4 de Chilpancingo reportó la salida de 2 autobuses de la línea Estrella de Oro que se dirigían a Iguala.
Los camiones, con número 1568 y 1531, fueron el blanco del ataque, asevera Anabel Hernández.
A tres meses de la tragedia, la periodista asegura: “No fue un accidente, no fue algo planeado de último instante por un alcalde y una policía municipal sin armamento, fue un asunto perfectamente orquestado”.
