(23 de octubre, 2015).- Después de más de 8 años de que la tribu Yaqui denunciara ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el serio impacto y las afectaciones hacia su comunidad que ocasionó el proyecto de construcción para trasvasar la presa El Novillo, que abarca alrededor de 60 millones de metros cúbicos de agua de las cuencas del río Yaqui y Sonora, la CIDH ordenó al Estado mexicano abatir rezagos con los Yaquis en un periodo de 4 meses.
El portavoz de la tribu, Ernesto Argüelles, declaró que la CIDH instó al gobierno mexicano para que atienda la recomendación y dialoguen “amistosamente” con la comunidad Yaqui las políticas públicas que solucionen las afectaciones en materia de derechos de territorio, agua, educación y cultura, con el fin de una “reconciliación histórica y verdadera”.
El límite de tiempo se estableció desde el 29 de septiembre cuando la CIDH envió notificaciones tanto a la comunidad indígena Yaqui como al gobierno de México, sobre la reparación de daños, además de notificar la violación por parte del Estado de los artículos de la Declaración Americana y la Convención Americana.
Argüelles informó que el resultado se discutirá en Washington D.C. y en el caso de que no se llegará a un acuerdo y a una verdadera reparación y reconciliación la corte de la CIDH hará uso del artículo 40:
“La Comisión podrá dar por concluida su intervención en el procedimiento de solución amistosa si advierte que el asunto no es susceptible de resolverse por esta vía, o alguna de las partes no consiente en su aplicación, decide no continuar en él, o no muestra la voluntad de llegar a una solución amistosa fundada en el respeto de los derechos humanos […] De no llegarse a una solución amistosa, la Comisión proseguirá con el trámite de la petición o caso.”
