Invertir en paraísos fiscales no es ilegal en México, defiende con un entusiasmo digno de mejor causa el titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, mientras guarda silencio el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, sobre los mexicanos involucrados en el caso Papeles de Panamá. La telaraña de complicidades intenta tapar no sólo estos casos sino un hecho escandaloso en un país de miserables: ciudadanos mexicanos han transferido más de 417 mil millones de dólares hacia paraísos fiscales, más del doble de la reserva internacional del país, de acuerdo con un reporte de la Red para la Justicia Fiscal. México es el sexto país en canalizar más recursos hacia los paraísos fiscales en un ranking donde se compara a naciones de América Latina, Europa del Este y Asia, en tanto y a pasos agigantados millones transitan el camino de la pobreza hacia la indigencia y se mantienen firmes las cortinas de humo y las difamaciones amamantando impunidad.
En cambio, los gobiernos de España, Francia, Australia, Holanda, Finlandia y otros abren indagatorias en torno al esquema en el cual 140 personalidades a escala mundial realizaron operaciones para evadir el pago de impuestos, evitar sanciones y realizar lavado de dinero en paraísos fiscales a través del despacho panameño Mossack Fonseca. Rusia, China, Gran Bretaña, Alemania, Ucrania, Argentina, España y Panamá se ven sacudidas por las filtraciones de la operación hechas el domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICI, por sus siglas en inglés).
Curiosamente empresarios y políticos estadounidenses no aparecen por ningún lado como usuarios de los paraísos fiscales denunciados. Para el Kremlin la difusión de estas “conjeturas y suposiciones” forman parte de un ataque dirigido contra Putin y buscan desestabilizar la situación de Rusia de cara a las elecciones parlamentarias de septiembre y las presidenciales de 2018; en China, los medios abordaron las revelaciones de los Papeles de Panamá sin mencionar a los personajes locales involucrados, al menos ocho miembros, antiguos o actuales, del Comité Permanente del Buró Político del Partido Comunista Chino; en Islandia, el primer ministro Sigmundur David Gunnlaugsson, presentó su renuncia como exigieron miles de personas en Reikiavic; en España, las autoridades advirtieron que irán contra los que evadieron impuestos; en Argentina, aliados del presidente Mauricio Macri, le exigieron aclarar su participación en sociedades offshore; y en Panamá el gobierno abrió una investigación al despacho de abogados Mossack Fonseca.
En cambio, las investigaciones sobre evasión del pago de impuestos y el lavado de dinero no ocupan a las autoridades hacendarias de México, más preocupadas en cubrir la movilización de dinero a través de distintas redes financieras de varios países realizada por Juan Armando Hinojosa, dueño de Grupo Higa, el contratista favorito del presidente Enrique Peña Nieto, e investigado por la Función Pública por los casos de la llamada “Casa Blanca” del propio primer mandatario y de la residencia de Malinalco, Estado de México, del secretario de Hacienda, Luis Videgaray. El manto de opacidad e impunidad también se amplia hasta el presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, y el vicepresidente de Finanzas de Televisa, Alfonso de Angoitia, poderosos aliados electorales del actual inquilino de Los Pinos. Tanto Salinas como de Angoitia se deslindaron ya de los señalamientos de presunta evasión de impuestos por medio de paraísos fiscales, y aseguraron “las transacciones fueron legales”. Desde ahora les adelantamos: será ésta la versión prevaleciente al concluir las indagatorias del SAT.
POBRE DEL POBRE
Los escándalos estallan a la actual administración federal casi a la misma velocidad del remate de la riqueza energética del país por el temor de perder la elección presidencial del 2018 y la mayoría en el Congreso de la Unión, mientras se incrementa la producción de pobres en la gestión del mexiquense y, como se lo señalamos en estas mismas líneas ayer aquí, obliga al régimen a armarse contra la protesta social por ello se avanza en el entramado jurídico de legalización de la represión oficial y la suspensión de garantías individuales.
El traspaso de la riqueza energética del país a un puñado de inversionistas privados, cercanos al primer círculo en el poder, va viento en popa en el gobierno neopriísta (tenocrático salinista). Al mismo tiempo, durante el primer bienio de esta administración el número de pobres en el país se incrementó en cerca de 2 millones, y en más de 3 millones si la medición se realiza por el lado del patrimonio, hasta sumar, al cierre de 2014, 55.3 y 63.8 millones de personas en cada caso, de acuerdo al más reciente informe del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social).
Tanto la reducción del ingreso del hogar entre 2012 y 2014 como la dinámica demográfica fueron factores en el incremento de la pobreza en ese periodo. El ingreso corriente total promedio trimestral por hogar se redujo en términos reales en 3.5 por ciento entre 2012 y 2014. De acuerdo con los mismos datos del Coneval, en el año 2000 existían 23.7 millones de mexicanos en pobreza alimentaria y 52.7 millones en pobreza patrimonial. Para el cierre del 2014, reportó la existencia de 24.6 millones de mexicanos en pobreza alimentaria y 63.8 millones en pobreza patrimonial.
También la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) confirmó en el documento “Panorama Social de América Latina 2015”, en el cual se exceptúa a en México y Costa Rica: “de 2010 a 2014 en la mayoría de los países hay caída o disminución de la pobreza”. El informe destaca: la pobreza en México avanzó a 51.6% de la población del país en 2012 a 53.2% en 2014, mientras que la indigencia creció 0.6%, al afectar a 20.5 por ciento. A través de una videoconferencia desde Santiago de Chile, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la ONU, explicó el aumento de la pobreza en México como algo más estructural que coyuntural, porque hay erosión de los salarios mínimos y una alta tasa de natalidad entre la población marginada. Además, los programas de transferencias como Prospera no logran compensar la caída de ingresos de los pobres e indigentes.
En tanto la pobreza crece en el territorio nacional, de acuerdo con los datos más recientes del Banco de México, a diciembre de 2015 había en el exterior alrededor de 55 mil 413.22 millones de dólares de mexicanos depositados o invertidos en instrumentos financieros. No obstante, un reporte del 2012 de la Red para la Justicia Fiscal, una coalición independiente de investigadores y activistas preocupados por los delitos de evasión de impuestos y paraísos fiscales, revela que ciudadanos mexicanos han transferido más de 417 mil millones de dólares hacia paraísos fiscales, más del doble de la reserva internacional de divisas del país. Los recursos son movilizados en su mayoría a través de instituciones de banca privada.
México es el sexto país donde más recursos se canalizan hacia los paraísos fiscales en un ranking que compara a naciones de América Latina, Europa del Este y Asia, de acuerdo con el único cálculo a la fecha –extraoficial- del flujo de dinero de mexicanos hacia dichos paraísos fiscales. Pero para Aristóteles Núñez, jefe del SAT, no es ilegal tener recursos en el extranjero o en paraísos fiscales, lo ilegal –añadió- es que si esos recursos generaron dividendos no se paguen los impuestos correspondientes. Además, hizo el recordatorio sobre la apertura existente un programa de incentivos para regularizar el pago de impuestos de capitales depositados en el exterior, el cual concluye en junio próximo, bajo la jurisdicción de ese órgano fiscal.
