De 2014 a la fecha existen al menos 90 mil personas que han sufrido desplazamientos forzados en México, declaró Edgar Corso, quinto Visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al reunirse con los legisladores la panista Gabriela Cuevas, el perredista Zoe Robledo, el comisionado Jaime Rochín de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y organizaciones sociales y académicos.
La CNDH informó que la problemática está presente en 17 estados mexicanos debido a la violencia e inseguridad, así como a los desastres naturales y agregó que no existe una estadística confiable ya que en los tres diferentes niveles del gobierno, municipal, estatal y federal, se manejan diferentes cifras de desplazamientos forzados, por lo que es necesario contar con un diagnóstico para saber cómo enfrentarlo.
Recalcó que es importante y necesario modificar la Constitución para que se otorguen facultades al Congreso de la Unión, para así legislar y contar con la ley general de desplazamiento forzado.
Jaime Rochín detalló que si bien en la ley de víctimas sí hay reconocimiento a las personas desplazadas, sólo son atendidas las que tengan un reconocimiento del Ministerio Público federal o recomendación emitida por la CNDH, lo que provoca que no se atiendan todos los casos de desplazamiento forzado.
Urgió a reformar la Ley de Víctimas y establecer el concepto de desplazamiento forzoso para que se puedan atender todos los casos y no sólo los del ámbito federal.
La CNDH concluyó que ya trabaja en un proyecto de ley que presentará próximamente sobre el desplazamiento forzado.
Con información de La Jornada
