Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ha informado que un 99% de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público, siguen en la total impunidad, por la protección que reciben los presuntos responsables desde las más altas esferas del gobierno mexicano.
De acuerdo con cifras oficiales, Tamaulipas ocupa el segundo lugar en desapariciones forzadas con 174 casos denunciados desde el año 2013, sin embargo, en su mayoría, dichas averiguaciones se encuentran en calidad de “reserva” o canalizadas a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Por lo que ninguno de los probables responsables ha sido procesado o sentenciado. el Comite de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, informa que tan sólo en ese municipio tiene registradas al menos 15 denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado, de noviembre del 2010 a agosto del 2013 en contra de agentes de la Policía Federal, Marina, Ejército Mexicano y Policía Estatal de Tamaulipas.
Existe además dos recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de casos denunciados por el CDH LAREDO: la número 39/2012 dirigida a la Secretaría de Marina por la desaparición forzada de José Fortino Martínez Martínez, Martín Rico García, Usiel Gómez Rivera, Diego Omar Guillén Martínez, José Cruz Díaz Camarillo y Héctor Alejandro Rodríguez Vázquez, misma que no se ha cumplido en su totalidad, al desconocerse el paradero de las víctimas.
En tanto,en marzo del presente año, la CNDH emitió la Recomendación 11/2016 por la detención arbitraria, desaparición forzada y ejecución extra judicial de Armando Humberto del Bosque Villareal, ocurrida en agosto del 2013 en el poblado de Colombia, Nuevo León. Como probables responsables de estos hechos se encuentran detenidos en una prisión militar el capitán de la Marina, Raúl Sánchez Labrada y cuatro elementos más, apegados al principio de presunción de inocencia.
La desaparición forzada, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, se presenta cuando: “se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley”, por lo que el Comité demanda al gobierno y a las instancias correspondientes dejar de lado la inacción y entregar respuestas contundentes a las familias.
