(2 de agosto del 2014).- Empresarios de la Laguna, en el estado de Coahuila, amagaron al gobierno estatal con abandonar la entidad y, trasladar sus factorías del municipio de Torreón al Parque Industrial Lagunero de Gómez Palacio, Durango, ante la imposición de la Ley de Desaparición de Personas que los obligaría a pagar los salarios de las personas desaparecidas.
En Coahuila han desaparecido en los últimos años, mil 600 personas, a raíz de la disputa que mantiene el Cártel de Sinaloa con la organización criminal de Los Zetas; guerra que ha provocado centenarias de desapariciones, secuestros y asesinatos a mansalva, según informes de la Subprocuraduría para la Investigación de Personas no Localizadas.
A la cosecha de disipaciones, le siguen la diversificación de terror: la siembra de decenas de fosas clandestinas, la baja efectividad en las investigaciones, la colusión de las autoridades y la disputa que mantienen las organizaciones dedicadas al narcotráfico, el secuestro, la extorsión, la ejecuciones.
Ernesto Llamas Sotomayor, vicepresidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, manifestó que la citada ley ha causado reacciones adversas en todo Coahuila, pues además de agravar la situación económica del empresario, inhibe las nuevas inversiones que el estado podría captar por su cercanía con la frontera de Estados Unidos.
Si no fuera suficiente, recientemente el periódico Vanguardia dio cuenta que cerca de 500 personas asesinadas, al no poder ser identificadas, serán inhumadas en fosas clandestinas sin realizar algún tipo de investigación sobre su identidad.
Dicha situación ha dado lugar a movimientos sociales como la Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUUNDEC).
Al respecto Llamas Sotomayor, se quejó de que la responsabilidad por la seguridad social es una tarea que le corresponde al Estado, “y por consecuencia no se puede endosar al empresariado así nomás la responsabilidad de otorgar esas garantías a las familias de los desaparecido”, dijo en conferencia de prensa.
De acuerdo con la Ley, aprobada en mayo, la denuncia de desaparición se presentará al Ministerio Público y este deberá resolver en 30 días sí los hechos denunciados constituyen un acto de desaparición.
“De ser así, el Ministerio Público presentará la solicitud de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas ante el Juez de Primera Instancia en Materia Civil competente en un plazo no mayor de diez días, solicitando en su caso las medidas urgentes, provisionales o de protección que resulten necesarias para proteger los derechos de las víctimas”, dice la ley.
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Desde el pasado 15 de febrero, las FUUNDEC comenzaron una caravana que partió de la Parroquia de San Judas Tadeo en Torreón, donde desconocieron al gobierno estatal y federal, por haber implementado un operativo para la búsqueda de sus familiares desaparecidos, en el que se cometieron irregularidades.
Un mes antes, representantes e integrantes de FUUNDEC habían solicitado a la administración de Rubén Moreira, hermano de Humberto, en cuya administración se produjeron la mayoría de éstas, que el operativo de búsqueda realizado en el norte de aquella entidad, se hiciera a través de una “metodología cuidadosa y científica” y no “un circo mediático” en el que se exhibieran los logros de las autoridades.
Diez días después, el subprocurador estatal para la Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas, Juan José Yáñez Arreola, le informó al periódico El Siglo de Torreón que, en la expedición, se habían encontrado los restos de 500 personas asesinadas, entre ellas, un cráneo casi completo, así como varios tambos que eran utilizados para disolver cuerpos humanos.
No obstante, dos días después, el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, descartó el hallazgo y refirió, a diferencia de la Suprocuraduría, que no existe tal cifra y que sólo se trata de “pequeños hallazgos”. Hasta el momento, ninguna de las instancias obligadas a esclarecer estos crímenes, han logrado dar certezas de la identidad ni la pertenencia de dichos restos humanos. Las FUUNDEC también rechazaron el hallazgo, al considerar que se habían violado los correctos procedimientos forenses.
