(07 de agosto, 2014).- Han pasado más de 70 años desde que Lázaro Cárdenas, siendo presidente de México, reconoció el territorio, gobierno y leyes internas de la tribu yaqui, ubicada principalmente en el estado de Sonora.
Ahora, dicha tribu enfrenta la amenaza que implica el Acueducto Independencia, obra que fuera “licitada, construida y está en operación sin haber respetado cinco suspensiones cautelares emitidas por el Poder Judicial de la Federación, que obligaban al Estado mexicano a interrumpirla”, explicó el vocero yaqui, Mario Luna.
Debido a esto, y una vez agotadas las instancias legales para evitar el megaproyecto, la tribu acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diciembre del 2010.
“Se está ocasionando un daño irreversible a nuestro pueblo, pues están extrayendo el agua que requerimos para nuestra sobrevivencia”, es uno de los argumentos planteados por Luna, quien acusa a la administración de Guillermo Padrés Eliás de fomentar “el encono hacia la tribu yaqui, a través de una campaña de desinformación, en donde se difunden mensajes falsos, engañosos y de mala fe, cuyo objetivo es crear un ánimo hostil de los pobladores de Hermosillo hacia nuestro pueblo”.
La respuesta de la CIDH, según dio a conocer Luna el pasado 23 de julio, consistió en solicitar a la administración peñista, un informe donde se detalle de qué forma se ha garantizado la salud, alimentación y supervivencia cultural del pueblo yaqui, en riesgo por la operación del acueducto.
Asimismo, la Comisión pide explicaciones sobre el incumplimiento de un fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual ordenaba llevar a cabo un proceso de consulta libre e informada a la comunidad indígena, debido al posible impacto en la propiedad, derechos y recursos naturales que representaba el megaproyecto.
En tanto, una caravana de yaquis se aproxima a la Ciudad de México, con el próximo viernes 8 de agosto como fecha de llegada, para reunirse con las autoridades federales y demandar que se cumpla la sentencia 631/2012 de la SCJN.
A decir de Luna, el gobierno peñanietista tiene otra oportunidad para acatar lo que se ordenó y garantizar “los derechos humanos, el principio de persona y el cumplimiento con la legislación ambiental, todo lo cual se debe traducir en la suspensión del Acueducto Independencia”.
