(11 de agosto, 2014).- Sempra Energy, trasnacional de Estados Unidos dedicada al gas, se ha valido en México de vínculos políticas y fraudes para poder desarrollar sus negocios, tal como quedó evidenciado en la presión que vivió el alcalde de Ensenada, Baja California, el priísta Enrique Pelayo Torres, quien fue “instado” por diplomáticos y altos funcionarios públicos para retirar los sellos de clausura a un complejo gasero en el municipio.
El encuentro cumbre para la compañía, sucedió a finales de mayo de 2011, en la embajada estadunidense en territorio mexicano. Sin embargo, ya antes la entonces presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes “recomendó” sin éxito al alcalde, obviar el incumplimiento respecto a la autorización del uso de suelo, y violar el Plan de Desarrollo Urbano de la zona.
Posterior a ello, Luis Téllez, mandamás de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), intervino ante el sucesor de Paredes, Humberto Moreira, para que persuadiera a Pelayo de encontrarse con Carlos Ruiz Sacristán y Darcel Hulse, altos directivos de Sempra, empresa que desde antes de la reforma energética planea aumentar sus inversiones en el país y hasta el momento está involucrada en un gasoducto.
Aquel día de la cita, el encargado de recibir a los invitados fue el actual subsecretario del Departamento de Estado norteamericano para el Hemisferio Occidental, John D. Feeley, por ese entonces responsable de los negocios de la sede diplomática, y anteriormente fue el encargado de llevar a cabo la polémica iniciativa Mérida.
No obstante, el primero en intervenir fue el fallecido José Francisco Blake Mora, entonces titular de la Secretaría de Gobernación, y exsecretario de gobierno de Baja California. Cuando Blake dejó su cargo a Cuauhtémoc Cardona Benavides, éste se entrometió en el ámbito municipal y fue personalmente al complejo a quitar los sellos de clausura, acompañado de un comando militar.
Horas más tarde de que Pelayo ordenara los sellos, Sempra se amparó y entonces la administración local decidió enfrentar el caso, con lo que las presiones siguieron hasta el día de la Embajada.
Fuentes anónimas aseguran que se solicitó retirar los sellos del complejo a Pelayo, quien en ese momento, se encontraba bajo mucha presión; entre ellas el despliegue militar en la frontera, la intromisión de los gobiernos estatal y local, además de un presunto soborno que fue depositado a la cuenta bancaria de su hijo. Al final, se determinó que la empresa seguiría sus operaciones sin supuestamente afectar al municipio.
Quien se involucró de forma casi directa en el tema, fue Téllez, secretario de Energía en el sexenio de Ernesto Zedillo y de Comunicaciones y Transportes con Calderón, desde donde preparó el camino a Sempra, al cambiar el título de concesión portuaria en 2007.
A pesar de que el 11 de febrero de 2011, Pelayo determinó la clausura, apenas el 8 de marzo el Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, de Mexicali, sobreseyó un amparo con lo que rechazó las intenciones legales de Sempra. El 8 de junio de 2012, agotadas todas las instancias, las autoridades ya habían dado la razón al municipio.
Corrupción desde la compra
Desde la compra de los terrenos que albergarían el complejo de Sempra, las irregularidades legales se hicieron presentes. En primera instancia, el ejecutivo Hulse adquirió el pedio de 192 hectáreas en enero de 2006, a una mujer que de acuerdo a un acta de defunción y a la nómina de jubilados del IMSS, había muerto meses antes de rubricar la venta.
No conformes, en julio de 2001 un juez emitió una resolución donde negaba la posesión del terreno a Gómez y en su lugar reconocía a Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, un personaje clave en el caso, y quien fue desalojado en 2006 por la Policía del Estado, situación aprovechada por la gasera.
Sin embargo, la historia no terminaría ahí. Tiempo después, ante la Corte Superior del Condado de San Diego, California, un excontralor de Sempra presentó pruebas de como una personas de nombre Alex Ríos entregó aproximadamente 15 mil dólares en efectivo a la policía judicial para que desalojara al dueño del predio.
Incluso se supo que Sempra contrató a Jaime Niebla, otrora comandante de la Policía Ministerial bajacaliforniana para que espiara a Sánchez Ritchie. Más adelante, El general Sergio Aponte Polito, entonces comandante de la II Región Militar, acusó al propio Niebla y a una mujer de nombre Sonia Navarro (defendida más adelante por Blake Mora), de utilizar vehículos y armamento de la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE), con el propósito de plagiar a Sánchez.
Para diciembre de 2013, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a través del Tribunal Unitario Agrario estatal ordenó emitir las escrituras a nombre de Sánchez Ritchie, a pesar de ello, la oficina que dirige Jorge Carlos Ramírez Marín sigue sin actuar.
