(3 de septiembre, 2014).- Las garras del crimen organizado han elegido a los funcionarios municipales como sus principales presas, debidos a que es en este nivel de gobierno donde se cuentan con menores recursos de seguridad, más “descomposición social y falta de oportunidades”, e incluso se asegura que cuando menos el 10 por ciento de los alcaldes son víctimas de extorsiones, acoso, amenazas y hostigamiento.
De acuerdo a la Asociación de Autoridades de México A. C. (AALMAC), dedicada a investigar dicho fenómeno, de los 2 mil 445 municipios que existen en México, entre 200 y 300 de 15 estados son afectados por los grupos delincuenciales, aunque por miedo prefieren no denunciar.
En su mayoría, los presidentes municipales –principalmente de Colima, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz- se ven obligados a pagar las “cuotas” del hampa con recursos públicos, aunque cada uno en circunstancias disímiles.
Algunos de ellos son presionados para pagar el llamado “derecho de piso”, asignar determinados jefe policiales, nombrar funcionarios dentro del órgano de gobierno y hasta otorgar una tajada de lo destinado a obras públicas, con lo que el crimen organizado depende cada vez menos de extorsiones a compañías, comerciantes y ciudadanos.
“Los municipios más susceptibles de esto, son los municipios más débiles en términos institucionales y en términos financieros”, explica un integrante de AALMAC, quien prefiere guardar su identidad, pero detalla que el grueso de las extorsiones se acumulan en pequeñas y medianas urbes.
La situación ha empeorado en los últimos años, pues desde febrero de 2013 el crimen organizado le ha quitado la vida a 11 alcaldes (4 en Oaxaca, 3 en Michoacán, 2 en Veracruz, 1 en Puebla y 1 en Jalisco), los cuales como explica el miembro de AALMAC, fueron atacados por negarse a cooperar o denunciar el acoso.
Recientemente, la publicación de videos y fotografías donde aparecen funcionarios locales con integrantes del narco, abrió el debate sobre si los primeros eran víctimas o cómplices. Sin embargo, la realidad es que ante la presencia de los grupos delictivos, resulta sumamente complejo ser participe o rechazarlos, cuando está en juego la integridad de familiares y trabajadores.
