(05 de septiembre, 2014).- El Segundo Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto prácticamente fue borrón y cuenta nuevapara las ciudadanas: líneas fundamentales como atención a la salud sexual y reproductiva, mujeres campesinas y migrantes, libertad de expresión y vivienda, desaparecieron del segundo mensaje presidencial.
Tan solo en 2008 al 31 de julio de 2014 se registraron 90 mil 573 casos de violencia contra niñas y mujeres; 67 mil 546 fueron los supuestos agresores, indicó el Banco Nacional de Datos e Información sobre Violencia contra las Mujeres.
Se estima que los programas de Atención de la Salud Sexual y Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud obtuvieron millón 245 mil pesos por parte del gobierno. Hasta la fecha no se sabe qué pasó con este programa y no se sabe de su impacto concreto, simplemente se omitió para darle paso a la propaganda.
Por otro lado, el documento resalta el Programa Nacional de Becas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Seguro de Vida para Jefas de Familia, y el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, estos dos últimos dependientes de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Cifras indican que al cierre de septiembre de 2013 el Seguro de Vida para Jefas de Familia apoyó sólo a 97 personas de hasta 23 años de edad ante el fallecimiento de su madre cabeza de hogar, pese a que el programa recibió 400 millones de pesos, recursos que tenía previstos para beneficiar a por lo menos 15 mil personas.
Tampoco se cuenta con el Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag), que en 2013 contó con mil 100 millones de pesos y que fue también mencionado el año pasado de mayor importancia para el gobierno de EPN.
Lo que el informe también desvanece es la reiterada negativa de activar la Alerta de Violencia de Género luego de que tan sólo en este año se tienen cuatro investigaciones en curso sobre la violencia feminicida en los estados de Guanajuato, Morelos, México y Chiapas.
Cabe recordar que hasta la fecha, organizaciones feministas han denunciado que sigue presente la incidencia del feminicidio y desapariciones de mujeres y niñas, la falta de acceso a la salud, la no disminución de la muerte materna, el aumento de laviolencia obstétrica y los embarazos tempranos, las violaciones a las migrantes y las agresiones contra defensoras y periodistas.
Mujeres migrantes, fuera del segundo informe
A pesar de que en el documento se asegura que la perspectiva de género es transversal en todos sus apartados, en el caso de la política migratoria –la cual está contenida en el último capítulo que lleva por nombre “México con responsabilidad global”–, no aborda la terrible situación de las mujeres migrantes.
Los datos mencionan que al menos seis de cada 10 migrantes son agredidas sexualmente durante su paso por México, no reciben atención perinatal cuando la necesitan, las autoridades y la Ley de Migración obstaculizan su acceso a la justicia, y se enfrentan a los riesgos habituales que experimenta también la migración masculina.
El informe presidencial segura que de septiembre de 2013 a agosto de 2014 se otorgó asistencia y protección consular a las y los mexicanos en el extranjero, y se impulsaron acciones para mejorar las condiciones de las personas migrantes a través del ejercicio y disfrute de sus derechos sociales, económicos y culturales.
No obstante, el ciudadano Instituto de las Mujeres en la Migración (Imumi) denunció en meses recientes que las mexicanas repatriadas con hijas e hijos de nacionalidad estadounidense afrontan obstáculos para la reunificación familiar, y carecen de apoyo consular.
Sin embargo, Peña presume que los supuestos avances que se consolidaron al Programa Especial de Migración (PEM), el cual aún no entra en vigor porque ni siquiera tiene presupuesto asignado.
Gretchen Kunher, directora del Imumi, dijo en entrevista que la principal carencia del informe fue la de no mencionar datos desagregados por sexo, ya que aunque detalla el número de personas que fueron beneficiadas con asistencia consular o con apoyos tras su repatriación, no dice cuántas de ellas fueron mujeres.
La titular de Imumi dijo que el reto que enfrenta el gobierno mexicano en materia migratoria es el de reconocer en las políticas públicas a la población migrante irregular, la cual participa en el desarrollo económico del país y experimenta las principales vejaciones.
