(24 de septiembre de 2014).- Con la campaña Ni una Más y el hashtag #NoMasFeminicidios, miembros de la sociedad civil, organizaciones y colectivos se dieron cita en la Estela de Luz para iniciar una movilización junto a las madres de Ciudad Juárez, exigiendo al Gobierno Federal el cumplimiento de los acuerdos firmados en 2013.
Por la mañana, los organizadores informaron que las madres de las mujeres asesinadas y desaparecidas se encontraban en las inmediaciones de Los Pinos estableciendo un plantón donde comenzarían una huelga de hambre hasta que las autoridades federales, Enrique Peña Nieto, representante del Ejecutivo; Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación o Jesús Murillo Karam, actual Procurador General de la República, las atendieran.
Después de denunciar el incumplimiento de los acuerdos, los asistentes se trasladaron al lugar donde se establecían las madres, haciendo responsables a Enrique Peña Nieto, a la Secretaría de Gobernación, a Miguel Ángel Mancera y a la Secretaria de Seguridad por la seguridad física de las madres en huelga de hambre.
A pocos metros de la Avenida Reforma y antes de llegar al lugar donde estaban las madres de Juárez, un bloque de granaderos impidió el paso de los manifestantes. Pese a las protestas por el libre tránsito, los granaderos no permitieron el avance de los colectivos.
Después de unas horas, Malú García Andrade, activista y fundadora de la organización civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa, informó que ella y otras cuatro representantes de familiares asesinadas en Ciudad Juárez fueron desalojadas por el Estado Mayor Presidencial cuando se encontraban instalando el plantón para exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados.
García Andrade informó que pese a que ya se les había autorizado la petición de audiencia para reunirse con Enrique Peña Nieto, realizada el 20 de junio del presente año, Presidencia no había establecido ninguna fecha para dicha audiencia.
Éstas son sus peticiones más importantes, de acuerdo con García Andrade: 1) peritos internacionales para la identificación de los más de ochenta cuerpos que se encuentran en el Semefo, reconocidos por el fiscal de Chihuahua; 2) publicación en el Diario Oficial de la Nación las recompensas aprobadas por la PGR para dar con los responsables de los responsables de feminicidios; 3) entrega de resultados de análisis que se comprometió a hacer la Seido sobre los casos de feminicidio y desapariciones; 4) tipificación de la desaparición de personas como un delito, por trata, secuestro o demás modos de violencia contra las mujeres; 5) Creación de la base de datos por medio del ADN de las personas asesinadas o desaparecidas; 6) Creación de la base de datos de las personas desaparecidas; 7) Seguridad para las personas que se han animado a denunciar.
Luego de rechazar una audiencia con Lia Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, por considerar que fue ineficaz en su gestión del problema en 2013, se trasladaron a la avenida Reforma, donde fueron encapsulados por granaderos para evitar la protesta sobre la avenida.
Por la tarde fueron recibidos por funcionarios de la PGR para revisar los puntos no resueltos desde hace un año.
