Por Érika Paz
(29 de septiembre, 2014).- La desigualdad entre hombres y mujeres indígenas se centra principalmente en el acceso a los bienes y servicios, a la propiedad de la tierra, a la educación y a la salud.
Además de la discriminación por género y etnia, así como la falta de poder en la toma de decisiones, las mujeres indígenas en México también encaran los conflictos que viven sus comunidades como la contaminación, el despojo, la extracción y explotación de los recursos naturales promovidos por los gobiernos locales y el gobierno federal, al igual que la ausencia de justicia, la pobreza y la presencia del crimen organizado.
En cualquier lugar del mundo, las mujeres son violadas, raptadas, sometidas a la trata o prostitución y asesinadas, situación que se agudiza en territorios en medio de conflictos bélicos; es sabido que en varios estados de la República entre las problemáticas de las comunidades indígenas se encuentra precisamente la presencia de la delincuencia organizada.
De acuerdo con el Foro Permanente para las cuestiones indígenas de la ONU, este cúmulo de factores sociales y económicos ocasionan la destrucción y pérdida de los lazos familiares, de la identidad y de las tradiciones de los pueblos. Esta anulación de los modos de subsistencia, aunada a los bajos niveles de escolaridad, orilla a las mujeres indígenas a migrar o a ser presas de la explotación sexual.
Las indígenas, como el resto de las mujeres, se encuentran a merced de los cambios económicos y sociales en el mundo, y las regiones Montaña y Costa Chica del estado de Guerrero –donde se ubica la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias–Policía Comunitaria (CRAC-PC)–, no son la excepción.
Esta situación ha motivado a las mujeres de la Costa-Montaña a defender su territorio, a sus familias, a sus tradiciones y modos de subsistencia ante la ausencia de justicia, educación, servicios de salud, ante la disputa del territorio por grupos delincuenciales y el latente despojo por tres megaproyectos mineros que se instalarán en la zona, tema que se abordará con precisión en otra entrega.
Las mujeres demandan voz y voto en la CRAC-PC: Felícitas Martínez
En este proceso de violaciones a derechos humanos, las mujeres también defienden a los familiares que han caído presos por la defensa del territorio y la seguridad, quienes hasta el momento suman 12 personas en reclusión, entre ellas, Nestora Salgado García, la única mujer.
De acuerdo con la Constitución del estado de Guerrero, sección dos sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, en el numeral 11 establece que se reconocen como derechos de los pueblos indígenas: “Decidir sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, política y cultural”.
Así como el derecho a “elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a sus autoridades políticas o representantes, y garantizar la participación de las mujeres en condiciones de equidad, estimulando su intervención y liderazgo en los asuntos públicos”.
La abogada Felícitas Martínez Solano fue la primera mujer en ocupar el cargo de Coordinadora Regional en el 2005, en la CRAC-PC. Pasaron 10 años para que una mujer participara en el sistema de impartición de justicia y que fuera reconocida como autoridad por la Asamblea, el órgano máximo rector de esta organización que integra a más de 160 comunidades en las regiones Montaña y Costa Chica, donde se concentra la mayor población indígena en la entidad.
Felícitas Martínez afirma que pese a que las mujeres son mayoría en esta zona donde su ubica la CRAC, “somos muy pocas las que vamos a las reuniones. Debemos decir que hay mucho machismo dentro de las comunidades –también en la Ciudad de México–, el machismo está en todo el contexto nacional, es universal porque así se han ido formando los hijos, forma parte de la educación que hemos recibido por parte del Estado”.
En este sentido la defensa del territorio y de las tradiciones, costumbres y su seguridad es la bandera central de las comunidades, así como el acceso a la justicia y el respeto de los derechos humanos y civiles de los pueblos indígenas.
Pero en este escenario, “el marido tiene el liderazgo, las mujeres están en la casa cuidando a los hijos, que estén bañados, que les preparen de comer; pero ellos están en las reuniones de la comunidad, entonces cómo vas a la defensa, es esto muy complicado, muy difícil”, indica Felícitas quien en 2012 obtuvo la medalla al mérito civil indigenista “Cuauhtémoc” que otorga el gobierno de Guerrero.
La igualdad y el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres ha pasado a segundo planoporque siempre estarán otros asuntos que requieren la inmediatez y la unión para hacer frente a los mismos, como el crimen organizado, el despojo, los grupos de choque o las aprehensiones.
En el caso de la defensa de los detenidos, las mujeres tienen obstáculos a superar como que “algunas de ellas no hablan el castellano, el trasladarse a las acciones de defensa, así como conocer el proceso legal. Por otro lado no hay garantía de que cuando la esposa regrese encuentre a sus hijos sanos y salvos, al contrario, a ella la persiguen la hostigan ¿qué garantía? Ninguna”, señala Felícitas.
Además de la poca participación así como los obstáculos para defender a sus esposos o familiares, se encuentra la “situación económica, porque no todas tienen un trabajo asalariado, porque la chava si tiene tierra pues la trabaja, ¿pero si no tienes producción? Es un contexto muy complicado, porque si yo soy mamá y soy defensora de derechos humanos y a mí me meten a la cárcel pues la hija o los hijos quedan indefensos”.
Felícitas hace hincapié en las hijas, toda vez que como madres se tiene la responsabilidad de asegurar un mejor panorama para ellas, se trata de dar cuenta de “el ser mujer y además tener hijas… (hace una pausa y continúa). Ellas también van a sufrir, entonces no se les están dando garantías de que ellas, las hijas, van a gozar del pleno derecho de este Estado mexicano”.
Devela que en el tema de los derechos sexuales y reproductivos “en la lengua y en el contexto del castellano son distintos. También los pueblos originarios tenemos costumbres y visiones distintas”, que designan roles tanto a hombres como a mujeres.
Lo que trasciende en el sistema de justicia de la CRAC, y en el que se torna necesaria la participación de las mujeres como por ejemplo en los casos de violencia intrafamiliar, “porque ¿qué dice el hombre?: ‘Hay señora perdónelo, estaba borracho, él no sabía lo que hacía’. Pero, ¿por qué no traga lumbre si estaba borracho?.. Porque no pierde todo el sentido entonces yo soy de la idea de que no se debe aceptar la violencia, el maltrato. Porque las mujeres trabajan el campo igual que los hombres”.
La subordinación de las mujeres y la violación a sus derechos humanos y civiles es una realidad en la que viven miles de miles de mujeres, por lo que Felícitas subraya que “en esa parte fundamental hemos impulsado la formación de promotoras de la justicia. ¿Qué queremos?, que esa promotora tenga voz y voto en la Asamblea, porque si la Asamblea regional no te da la validez del mandato, tú no tienes facultad ni toma de decisiones ni nada de figurar en la mesa de Justicia”.
Sin embargo, reconoce que no todas las mujeres “tienen esa idea”, y en su cargo como consejera de la CRAC, busca apoyo de las pocas mujeres que tienen voz en la Asamblea. “porque entonces nosotras no podemos incidir en el tema de mujeres si ellos son la mayoría”.
Una labor que no es fácil pero sí es necesaria “a veces digo: ‘Yo ya no quiero hacer nada, yo ya quiero hacer otras cosas. Pero si dejo ese caminar entonces las demás mujeres no van a seguir ese hilito, porque ya está ahí, porque ya rompimos el esquema, porque antes no aceptaban que las mujeres impartieran justicia”, apunta.
Tal es el caso de Nestora Salgado Martínez una mujer que se encuentra recluida desde hace más de un año en un penal de alta seguridad en Nayarit. Nestora se desempeñaba como Coordinadora Regional en Olinalá, y a quien el estado de Guerrero acusa de privación ilegal de la libertad y delincuencia organizada como autoridad en la CRAC-PC.
Aún con este entorno en la Montaña de Guerrero delineado por Felícitas, Nestora se atrevió a hablar y a participar en la reconstrucción del tejido social, trató de evitar la incursión del crimen organizado que utiliza a las mujeres como botín de guerra, denunció al presidente municipal, Eusebio González, y al gobernador, Ángel Aguirre Rivero, quienes lejos de “garantizar la participación de las mujeres en condiciones de equidad, estimulando su intervención y liderazgo en los asuntos públicos”, como dicta la constitución estatal, mantiene a Nestora tras las rejas.
Ante esto, Felícitas Martínez, expresa que otra de las contrariedades en este contexto es que “no hay una lucha solidaria de las mujeres feministas o no feministas o como se llamen, no la ha habido tampoco, porque si la hubiera, si por el simple hecho de que Nestora por ser mujer está detenida, todas tendríamos que ser solidarias con ella”.
En la segunda parte de esta investigación: la justicia y la Carta de los Derechos de las Mujeres en la Montaña de Guerrero.
