Por: Natalia Antezana
En la comunidad de San Juan de Kañaris se pretende desarrollar el proyecto minero Cañarico, a cargo de la compañía minera canadiense Candente Copper. Este cuenta con un financiamiento de 1600 millones de dólares y actualmente se encuentra en la fase inicial.
Los habitantes de la región se oponen a las concesiones mineras, puesto atentan contra el agua, la tierra y la biodiversidad del lugar.
Las protestas de los comuneros, se han intensificando conforme se incrementó la actividad de la empresa en el área. Esto ha provocado bloqueos en la región, derivando en enfrentamientos con la policía.
El gobierno ha dispuesto de cuarteles policiales para resguardar el desarrollo del proyecto. Asimismo ha minimizado y criminalizado las protestas de los comuneros, al declarar que se tratan de provocaciones de “ex miembros de grupos terroristas”.
En las confrontaciones, la policía utilizó armas de fuego para dispersar a los inconformes, con lo que hirió a más de una decena de personas. La versión oficial nos resulta familiar en México: el gobierno declaró que las heridas fueron ocasionadas por balas de goma.
La Confederación Campesina del Perú, informó que el 96.4% de su territorio comunal está concesionado a la exploración minera, a la vez que se solidarizó con la comunidad campesina San Juan de Kañaris.
Aquí el comunicado:
