(13 de octubre, 2014).- El gobierno de Guerrero, a cargo de Ángel Aguirre, había recibido desde el pasado 7 de enero, un informe especial sobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el cual fue ignorado.
El documento con folio 92813, presentaba siete propuestas del presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, con la intención de que las garantías ciudadanas de los guerrerenses tuvieran un respaldo.
“Es necesario que el gobierno del estado coordine esfuerzos con los habitantes de municipios a fin de implementar mecanismos de coordinación y de solución pacífica de conflictos a través de los cuales, por medio del diálogo, se intercambien soluciones a los problemas planteados por los miembros de la sociedad”, dictaba el punto 235 de dicho informe.
Otro aspecto que se puntualizaba era evitar el uso de la violencia para resolver conflictos, es decir, exactamente lo contrario a lo que sucedió el pasado 26 de septiembre, cuando policías municipales de Iguala atacaron a estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’, dejando tres muertos y 43 desaparecidos de quienes, a la fecha, se desconoce su paradero.
Por otra parte, el oficio también se enfocaba en el surgimiento de grupos de autodefensa y policías comunitarias en la entidad, lo cual reflejaba las deficiencias de la política de seguridad estatal y el mal ejercicio de los recursos que provenían de la Federación.
Esto significa que Aguirre contaba con los señalamientos oportunos de la CNDH para depurar la estrategia de seguridad en los diversos municipios, y al parecer, decidió ignorarlos.
El documento además exhortaba al gobernador a “establecer las condiciones para asumir el ejercicio de la función de gobierno y abonar a la plena vigencia del Estado de derecho en las comunidades y municipios de dicha entidad federativa”.
“Implementar medidas inmediatas para recobrar las funciones de seguridad pública y garantizar la paz y el orden público en todos los municipios del estado de Guerrero”, urgía la CNDH desde principios de año.
Más grave aún, la instancia dirigida por Plascencia incluso hacía una mención especial sobre el municipio de Iguala, pidiendo ”acciones efectivas de prevención del delito y realizando con debida diligencia las investigaciones y acciones de procuración de justicia necesarias, abatiendo la inacción y la colusión e impunidad de los servidores públicos”, según el informe.
Ocho meses después de haber recibido el documento, Guerrero enfrenta una de las peores violaciones a los derechos humanos protagonizada por policías municipales, lo que ha generado —nacional e internacionalmente— solidaridad hacia los familiares de las víctimas e indignación ante la barbarie y omisión del Estado.
