(21 de octubre, 2014).- Es increíble, pero ya vamos para que se cumpla un mes del crimen de Estado contra estudiantes normalistas en Iguala, y la situación sigue como al principio. Es obvio que lo que busca el gobierno federal es ganar tiempo, mientras encuentra una salida más o menos razonable a tamaña atrocidad. No la habrá en tanto no aparezcan los 43 estudiantes que siguen desaparecidos. Lo que sus padres y la sociedad quieren saber con certeza es dónde están, ya sea vivos o muertos, no mantener una incertidumbre que está contribuyendo a enturbiar todavía más las relaciones entre gobernantes y gobernados.
Es muy reveladora la consigna que más se escucha en el estado de Guerrero: “¡Pueblo, despierta, la muerte está en tu puerta!” Es lo que pronto habrá de suceder, no sólo en Guerrero sino en el país, de seguir las cosas como van, con una élite oligárquica que no ve ni escucha los clamores de justicia de un pueblo largamente humillado y ofendido, a la cual apoya con la fuerza del Estado la alta burocracia igualmente insensible a los justos reclamos de las clases mayoritarias. Tal consigna demuestra que la gente sabe que el origen de nuestros males está en la existencia de instituciones al servicio de los de mero arriba de la pirámide social.
Mientras el pueblo no despierte y se organice, no será posible que las cosas cambien en el país. Así lo han aprendido en Guerrero y en las otras entidades federativas donde las desigualdades son cada vez más dramáticas y ofensivas, al grado de que son inaceptables hasta para los principales organismos internacionales que han promovido desde hace tres décadas el modelo económico. Es fácil advertir que de nada servirá que militares en función de policías desarmen a éstos en algunas de las poblaciones más afectadas por la colusión con bandas criminales, como está sucediendo en Guerrero, en Michoacán y en Ixtapa de la Sal, en el estado de México.
A final de cuentas, los problemas sociales no son el resultado de este fenómeno, sino de la injusticia y deshumanización de un sistema económico irracional que obstaculiza la puesta en marcha de políticas públicas democráticas, nacionalistas y que contribuyan a concretar un Estado de derecho sin riesgos de resquebrajamientos sociales. Sin embargo, la alta burocracia sigue empeñada en no ver ni oír a la población afectada por las injusticias y los abusos de la oligarquía, como lo demuestran los discursos y los hechos de la clase política en el poder.
Para los miembros de la cúpula burocrática, su gestión es digna de alabanzas, debe verse incluso como un ejemplo para los pueblos latinoamericanos. Sobran ejemplos de tan deleznable forma de actuar de la clase política, pero baste citar el más reciente discurso de Manlio Fabio Beltrones, líder de la bancada priísta en la Cámara de Diputados. Dijo: “Con un liderazgo político claro en sus propósitos y democrático en sus métodos, como se propuso desde el inicio de su gobierno Enrique Peña Nieto, fue posible consensuar reformas indispensables, largamente pospuestas”.
No se dan cuenta, o de plano les vale menos que un cacahuate, que palabras tan demagógicas y huecas sólo contribuyen a divorciar aún más a la población mayoritaria del grupo en el poder político y económico. Al ciudadano común le importan un carajo las componendas en la punta de la pirámide política, y cuando alguna vez las comentaes para criticar el cinismo de las élites, actitud que evidencia una absoluta falta de respeto a la sociedad, como sucede en todo sistema cuya cabeza se vanagloria de su hegemonía sobre el resto de la ciudadanía; como si el tiempo no pasara y siguiéramos viviendo en una monarquía.
Por eso es fundamental que el pueblo despierte y se organice, por encima de partidos y organizaciones políticas, con liderazgos naturales que señalen el camino a seguir libre de negociaciones espurias. En ello estuvo la clave del éxito del régimen implantado por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, en la firme alianza que logró apuntalar durante su mandato con el pueblo, en un momento tan crítico o más aún que el que estamos viviendo en la actualidad. Entonces se demostró que sí se puede hacer cambios progresistas y democráticos, si hay una dirigencia comprometida con un proyecto que impulse la justicia social.
