(31 de octubre, 2014).- El gobierno de Francia encabezado por François Hollande está en medio de las críticas, debido a la muerte del estudiante de botánica Rémi Fraisse de 21 años, mismo que se produjo cuando éste participó en la manifestación contra la edificación de la Presa de Sivens (cerca de Toulouse), donde una granada del cuerpo de antidisturbios lo mató; un hecho similar no ocurría en Francia desde 1986.
La crisis política que se vive, se agudizó con el silencio cómplice que guardo el gobierno, así como el actuar de la policía. Incluso, debido a las protestas se determinó que está prohibido el uso de granadas por parte de las fuerzas del orden. No obstante, para los grupos ecologistas y de izquierda radical en el Parlamento, exigen que el ministro del Interior dimita.
La muerte del joven ecologista, en cuya ropa fueron hallados restos de TNT (explosivo presente en las granadas oficiales), sirvió en el plano social para reavivar el rechazo a la presa de Sivens, que se tradujo en fuertes movilizaciones en Albi, capital de la provincia, aunque también se registraron marchas en Paris, con acusaciones directas a la administración actual.
Desde el Partido de Izquierda Radical se exigió la renuncia de Bernard Cazeneuve, ministro del Interior, al tiempo que la legisladora ecologista Cécile Duflot calificó el ataque como un escándalo absoluto y una huella que el gobierno no se podrá borrar.
Luego de que se diera a conocer el resultado de la autopsia, fue que el Ejecutivo francés decidió actuar y al menos detuvo las obras de la presa para convocar a una reunión conciliadora, la cual se mira complicada, máxime cuando los agricultores apoya la construcción pues beneficiará sus campos, mientras que los ecologistas lo ven como un daño al ambiente.
Anteriormente ya habían notificado que la policía no podría utilizar granadas ofensivas y que se iniciaría la correspondiente investigación con total transparencia. Estas declaraciones metieron nerviosismo al gobierno de Hollande, que tampoco ha podido reducir la violencia en las manifestaciones donde ambas partes se agreden.
El pasado lunes, un informe especial requerido por el Ministerio de la Ecología, sirvió de aliciente para los ecologistas, pues indicaba que la obra estaba excedida pues se requieren 8.5 millones de euros públicos, más inversión privada; asimismo acusaba que se ignoraron otra opciones.
