(12 de noviembre, 2014).- “La impresionante, dramática y detallada cuenta de lo que probablemente habría ocurrido con los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero es una señal de cuán desesperadamente el presidente de México Enrique Peña Nieto y su equipo están tratando de reparar los daños causados por una historia aterradora; una que no sólo ha generado inquietudes dentro de su gobierno, sino que incluso lo ha llevado a admitir que las cosas no son como su maquinaria de relaciones públicas ha estado tratando de hacernos creer”, señaló ayer en un análisis la firma estadounidense Insight Crime.
La aseveración anterior se debe a la conferencia de prensa de la semana pasada, donde el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, presentó testimonios en video de sicarios que aceptan su autoría en el presunto asesinato y calcinamiento de los normalistas, quienes fueron capturados por la policía municipal de Iguala, Guerrero, y criminales de Guerreros Unidos el pasado 26 y 27 de septiembre.
“Murillo dio inicio a su presentación con una rara promesa de transparencia sobre la investigación (…)Para este gobierno, que se ha enorgullecido de hablar de todo menos de la delincuencia, este es un giro de 180 grados, increíble y revelador”, escribió Steven Dudley y David Gagne.
Y agregaron: “Peña Nieto ocupó el cargo prometiendo que este sería el ´momento de México´, y ha hecho todo lo que ha estado a su alcance -incluyendo la contratación de una firma de cabildeo de alto nivel en Washington DC– para alejarse de la narrativa de la criminalidad. Esto funcionó en un principio, sobre todo en Estados Unidos, donde Peña Nieto fue elogiado por un columnista del New York Times, la revista Time, y muchos otros”.
De acuerdo con los analistas dedicados a trabajar casos de crimen organizado en América Latina, Iguala no es el “comienzo del problema, es la gota que rebosó la copa en un país que permanece saturado por el crimen organizado a pesar de los numerosos arrestos de alto perfil”.En una encuesta levantada en junio por el Grupo de Economistas y Asociados, se llegó a la conclusión que la “seguridad pública” es el problema número uno del país en un contexto de crisis económica.
“La crisis en Iguala comenzó realmente a nivel local. Según Murillo, fue el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, quienes ordenaron a la policía detener cuatro camiones que transportaban a los estudiantes, quienes viajaban desde la localidad rural de Ayotzinapa a Iguala. Abarca y su esposa ya han sido capturados (…) Las cosas luego se mudaron a nivel estatal, cuando renunció el gobernador de Guerrero. Ahora ha alcanzado el nivel nacional, con protestas regulares y -gracias a una metida de pata de Murillo al final de una conferencia de prensa en la que dijo “Ya me cansé”, precisaron.
“Es falso decir que Peña Nieto no ha hecho nada para combatir el crimen. Ha hecho que diferentes organismos de seguridad trabajen más sincronizados, conduciendo a la captura de los líderes del Cartel de Sinaloa, la Organización Beltrán Leyva, el Cartel de Juárez y los Zetas. Pero la siguiente fase de la lucha contra el crimen organizado -como lo que Colombia está viviendo actualmente- es más caótica y más difícil de controlar”, añadieron.
Y finalizaron: “La forma descarada en la que funcionó la alianza entre el alcalde, la policía y el crimen de Iguala no sólo fue el resultado de este caos, sino también el resultado de la creencia de que este tipo de acciones rara vez tienen consecuencias reales en México. Ninguna de las políticas de Peña Nieto –tan plausibles como puedan ser- han cambiado esta dinámica. Hasta que su gobierno no haga caer en cuenta a los grupos criminales que no pueden capturar, ejecutar y quemar a estudiantes con impunidad, no hay relaciones públicas ni cabildeo firme en el mundo que vaya a ser capaz de enterrar esta historia”.
