(12 de noviembre, 2014).- Recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, vive con el miedo de que las autoridades mexicanas lo extraditen a Estados Unidos, donde diversas cortes federales solicitan su presencia, por lo que ya tramitó un amparo ante lo que considera una posible violación a sus derechos constitucionales.
A la espera de que se cumplan casi nueve meses de su arresto en Mazatlán, Sinaloa, -conocido bastión del cártel que comandaba- el “Chapo” ha solicitado la protección de la justicia penal mexicana para hacer frente a las sentencias y procesos judiciales en su contra.
Con base en el expediente 1085/2014, citado por el sitio Eje Central, Guzmán Loera se escuda en que una posible extradición a territorio estadunidense, quebrantaría sus garantías individuales, de acuerdo a lo contenido en los artículos 1, 14, 16, 17, 18 y 20 de la Constitución Política de México.
La respuesta de las autoridades, fue otorgarle una suspensión provisional “de oficio y de plano” como normalmente sucede en estos casos, de parte del juzgado cuarto de distrito en la materia administrativa del Distrito Federal. Anteriormente, a este mismo juez le fue presentado el amparo, mismo, aunque el 1 de noviembre declinó competencia.
Por su parte, quien se hizo responsable del caso, fue José Alfonso Montalvo, titular del juzgado decimoprimero, quien reiteró la suspensión provisional, por lo que en los próximos días será cuando determine la situación, tras analizar la situación.
Andrés Granados Flores, representante del capo sinaloense fue el responsable de tramitar el amparo, ante las posibles acciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores y otras autoridades para con su representado.
