(13 de noviembre, 2014).- Se siguen sumando antecedentes al historial del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca —que se encuentra detenido—, y su secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez —quien se mantiene prófugo—, pues se ha revelado que en el pasado mes de mayo hubo imputaciones ministeriales en contra de ambos, por la comisión de diversos delitos.
Según la averiguación previa SEIDO/UEIDS/4612/2014 de la Procuraduría General de la República (PGR) y el expediente 82/2014-I de la Fiscalía General de Guerrero también se presentaron denuncias contra miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes presuntamente tienen vínculos con ambos acusados, ahora señalados como los presuntos responsables del ataque contra estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa.
Dichos miembros del grupo criminal son los mismos que ahora han sido identificados como los principales ejecutores del ataque y la desaparición de los 43 normalistas.
Entre los testimonios de ese entonces, destaca la declaración del líder social de la colonia San Miguelito, en Iguala, Ernesto Pineda Vega, quien denunció dispersos secuestros efectuados por los Guerreros Unidos, además de la ubicación de un narcolaboratorio y una fosa clandestina donde se encontraron seis cuerpos y tres osamentas.
‘El Mochomo’ es uno de los líderes criminales que fueron identificados desde hace seis meses, y que ahora se le atribuye el haber dado la orden para desaparecer a los estudiantes de Ayotzinapa.
Asimismo quedó en evidencia el conocimiento del “domicilio del presunto jefe de sicarios de Guerreros Unidos, ‘El May’, a quien también le dicen ‘El Chucky’ o ‘El Pelón’, quien de acuerdo con pesquisas de la PGR sería jefe de plaza en Iguala y habría participado en la desaparición de los estudiantes. De hecho, los policías municipales le habrían entregado a él a los normalistas capturados”, dicta el documento.
También se tenía información sobre Gildardo López Astullido, ‘El Gil’ o ‘El Gallero’, líder local de Guerreros Unidos que ordenó la desaparición de los cuerpos, una vez asesinados, acorde con la PGR.
“La policía municipal levanta a las víctimas y ellos las entregan a los Guerreros Unidos, y éstos se encargan de negociar y cobrar sus rescates”, fue el modus operandi que describió Pineda Vega ante las autoridades, desde el pasado mes de mayo.
De igual forma, el ciudadano aseguró que tanto Abarca como Flores Velázquez estaban involucrados en los ilícitos, como es el caso del secuestro y asesinato de Arturo Hernández Cardona, líder del Frente Unidad Popular.
Posteriormente, Pineda Vega sería amenazado de muerte por el mismo Abarca: “En una ocasión me llamó en lo privado, siendo esto ocho días antes de que levantara a Hernández, y me dijo lo siguiente: ‘A ver, hijo de la chingada, ya me tienen hasta la madre. O te separas de Cardona, o vas a correr la misma suerte’”.
El síndico Justino Carbajal, a decir de Pineda Vega, también fue asesinado por órdenes del exedil de Iguala en el 2013, hecho que el mismo Hernández Cardona había denunciado públicamente.
Otras de las víctimas de Abarca, según estas declaraciones, son Rafael Ochoa, líder de una colonia cerca de la salida hacia Taxco, además de los propietarios y 20 trabajadores de una gasolinera ubicada a las afueras de Iguala, hacia el municipio de Teloloapan, que fueron secuestrados.
Por otra parte, se realizaban extorsiones de “200 pesos a cada uno de los choferes y dueños de taxis locales”, sumando cerca de 3.2 millones de pesos mensuales por las 2 mil unidades que circulan aproximadamente en Iguala.
Además, Pineda Vega relató que a los comercios locales se les cobraba ‘por piso’, entre 10 y 20 mil pesos mensuales, con el supuesto aval de Abarca y de Flores Velázquez.
