(18 de noviembre, 2014).- Pese a que el sexenio de Calderón es el que más se asocia a las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, ambos crímenes se cometen con la misma frecuencia desde que inició la gestión de Enrique Peña Nieto, según documentan organizaciones no gubernamentales.
La principal causa de que estos delitos persistan es la impunidad. Tan solo en Coahuila, la asociación civil Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila documentó 321 casos entre 2007 y agosto de 2013. En 34 de ellos existen evidencias de participación de militares o policías en al menos.
Según estadísticas de la Subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas –que depende de la Procuraduría General de Justicia del estado–entre 2000 y 2012 se reportaron al menos mil 808 desaparecidos en esa entidad.
Michoacán es otro de los focos rojos del país. En lo últimos tres años se presentaron 200 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por la comisión de delitos por cuerpos oficiales de seguridad.
Otro de los puntos de conflicto es Morelos, donde el 24 de diciembre de 2011 desapareció Alan Cerón Moreno, quien logró escapar de sus victimarios dos días después de que fue privado de su libertad. Sin embargo, su visita al Ministerio Público (MP) de Chilpancingo, Guerrero fue la última ocasión en que fue visto, pues se presume que el titular de dicha dependencia está acusado de volver a entregarlo a sus plagiarios.
Otro caso simbólico donde se presentaron ambos crímenes es el que se perpetró contra Jethro Ramsés Santana, quien fue detenido por policías municipales la tarde del 2 de mayo de 2011.
Posteriormente fue entregado por federales, quienes en un segundo momento lo llevaron con soldados del 21 batallón de la 24 Zona Militar, quienes lo torturaron en sus instalaciones hasta matarlo.
Para ocultar el crimen lo enterraron en un predio en Atlixco, Puebla.
Otros caso continúan abiertos ante inconsistencias que ya fueron documentadas.
