(21 de noviembre, 2014).- El caso Ayotzinapa es uno de los que más ha cimbrado a la sociedad mexicana con niveles de indignación nunca antes vistos, debido a la brutalidad de los hechos. Sin embargo, la barbarie se veía venir desde 2013, y no aquella madrugada del 26 de septiembre, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron desaparecidos.
Los indicios se trasladan a mayo del año pasado, cuando el entonces presidente municipal de Iguala, Guerrero José Luis Abarca ordenó, como apuntan todas las versiones, el plagio y homicidio de un grupo de activistas de izquierda. Y es que un día antes de desaparecer, los activistas firmaron una misiva donde expresaban su miedo a ser asesinados por el alcalde.
Aunado a ello, un sobreviviente declaró que el mismo Abarca acudió a donde estaban y asesinó con un disparo a uno de los detenidos, el político Arturo Hernández, mientras pronunciaba “me voy a dar el gusto de matarte”, hechos que a pesar de ser ampliamente difundidos por la prensa no impidieron que Abarca siguiera en la impunidad hasta que junto a su esposa María de los Ángeles Pineda, el caso Ayotzinapa le estalló.
“Fue un crimen anunciado”, afirmó a la organización InSight Crime, Sofía Lorena Mendoza, pareja sentimental de Hernández. Y continuó: “Esto se puede haber evitado, pero nunca nadie nos escuchó. Ya había pasado lo de los activistas y nadie hizo nada. Entonces eso significaba que podían estar pasando cosas, cada vez más y cada vez peores, y que no iba a pasar nada. Aparecieron (los cuerpos) el 3 de junio de 2013, y hasta la fecha hay impunidad”.
José, (nombre utilizado para proteger su integridad por seguridad) compañero de clases de los normalistas desaparecidos, manifestó por su parte que a pesar de las supuestos esfuerzos de las autoridades, él tanto como sus otros compañeros siguen sin estar satisfechos. “Nosotros no sólo queremos que Abarca sea detenido y eso sea todo, queremos que se castigue también a los otros ¿Quién fue el que ordenó que él fuera alcalde? ¿Quiénes son los que lo propusieron a él para estar al frente de Iguala, Guerrero, cuando tiene un historial de familiares que están ligados con la delincuencia organizada? A pesar de la muerte de Arturo Hernández Cardona, siguió gobernando… ¡Siguió! Por lo tanto son cómplices también el gobierno federal y el gobierno estatal”, sentenció.
Lejos de llevar a la calma, el asesinato de 2013, sirvieron para que Abarca, sabedor de la impunidad que gozaba, pusiera su mirada represora sobre los normalistas de Ayotzinapa, pues tras el plagio de los activistas, los estudiantes tomaron el palacio municipal de Iguala en protesta, tal como recuerda Magda López, integrante de la Organización de Derechos Humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad
Para ella, al igual que para muchos mexicanos, la responsabilidad de los hechos ocurridos desde entonces, no sólo recae en el gobierno de Guerrero, pues “hubo negligencia federal (…) Si hubiera una investigación expedita como debe de ser entonces se hubieran evitado esos lamentables hechos del 26 de septiembre” refirió, en torno a un caso del que se seguirá escribiendo hasta que haya justicia verdadera.
