Revista Variopinto / Edgardo Buscaglia
(23 de noviembre, 2014).- La esclavitud contemporánea se manifiesta a través de un delito organizado vinculado a otros 22 ilícitos. Se le denomina trata de personas y es considerado de lesa humanidad.
La Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional —que ratificó México y la mayoría de los países del hemisferio occidental y el resto del orbe en el marco provisto por las Naciones Unidas— aborda este delito a través de su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños.
En su artículo tercero, este instrumento jurídico internacional define la trata de personas como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”.
La explotación a la cual se refiere esta convención internacional incluye la explotación sexual y/o laboral, lo que conlleva secuestros, sometimiento y prostitución forzada con motivaciones comerciales, pornografía sexual, matrimonios forzados, turismo sexual, trabajos domésticos, adopciones irregulares de niños, mendicidad e incorporación de menores a grupos criminales para participar en actividades violentas, entre otros delitos. En este contexto, la trata de personas se vincula a los demás 22 tipos de delitos económicos organizados, ya sea tráfico de drogas, órganos, personas (migrantes), armas, así como secuestros, extorsiones y actos de cibercrimen, pornografía infantil, entre otros.
Sin ir más allá de México, los casos de trata de personas que ha denunciado y abordado la organización liderada por la periodista y analista Lydia Cacho, a través del apoyo concreto a víctimas, dan muestra de la profundidad que ha adquirido el tráfico de influencias y conflictos de interés en los más altos niveles de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo mexicanos, los cuales continúan obstruyendo a una justicia que ni investiga ni procesa los nueve de cada diez casos vinculados con ilícitos de este tipo.
Este negocio criminal trasnacional de lesa humanidad, que implica directa o indirectamente a todos los países, al año genera un monto estimado en 32 mil millones de dólares y afecta a por lo menos 12 millones de seres humanos, quienes en su mayor parte son niños, niñas y mujeres (entre 20% y 30% de las personas que sufren de esclavitud en el mundo son menores de edad). De esta escandalosa y vergonzosa cifra global, más de 2 millones de individuos esclavizados por la delincuencia organizada provienen de América Latina.
Hoy, entre siete y diez dólares lavados producto de la trata de personas terminan integrándose en los sistemas económicos formales de los países más ricos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde), los cuales a su vez poseen los Estados de derecho más funcionales. Es decir, la paradoja de la delincuencia organizada consiste en que los mafiosos ligados a la trata y otros 22 tipos de delitos económicos buscan la seguridad jurídica para invertir sus capitales de origen sucio en las naciones con mayor opulencia.
Todas las tipologías de trata mencionadas se vinculan entre sí. Es más, la trata de personas se origina en delitos organizados previos y deriva en otros de la misma índole, con lo cual se genera una red patrimonial delictiva en la que cada caso de trata cubre a redes delictivas trasnacionales cuyo ámbito de operaciones involucra por lo menos a cuatro países.
Muchos casos de trata se originan en secuestros de menores o adultos en regiones con pobreza extrema (norte de Argentina o Paraguay, por ejemplo). Asimismo, esos secuestros derivan en el uso de una infraestructura económica internacional —de transporte, viviendas y transacciones patrimoniales— que debería implicar miles de investigaciones internacionales al año a los diversos patrimonios. El objetivo de todo ello sería tipificar tales casos en el ámbito del derecho penal que observa los temas de trata de personas y lavado de dinero. Sin embargo, esas acciones no se llevan a cabo.
En el contexto aquí explicado, muchas veces se presenta una diferenciación difusa entre la prostitución (de carácter voluntario) y la trata de personas. Cabe añadir, ciertamente, que ambos fenómenos se vinculan. Es así que algunos científicos han verificado con datos duros que la regulación laboral integral —la legalización— de todas las trabajadoras sexuales en Alemania durante los últimos diez años ha reducido la trata en aquel país.
En otras palabras, si en cualquier nación del mundo se respetaran todos los derechos laborales y sociales de los trabajadores sexuales —como se vela por los derechos de empleados bancarios o funcionarios del Estado—, el hecho causaría un impacto positivo en la salud de las personas que ofrecen este tipo de servicios, pero también en la salud pública en general. Asimismo, se estimularía el crecimiento de empresas con infraestructuras legales —sin vínculos con el crimen— dedicadas a negocios de este tipo, quitándole porciones del mercado a la delincuencia organizada.
Al respecto, los alemanes hoy están debatiendo si la regulación laboral que se aplica a empresas y personas involucradas en la oferta de trabajo sexual ha reducido, de modo sostenible, el poder económico de la delincuencia organizada. Así pues, medidas no penales pueden neutralizar a esta última, siempre y cuando un país posea, como Alemania, capacidad de de implementar normas incorruptibles.
Marita, un caso emblemático
Lo cierto es que muchos países no han avanzado tanto como Alemania. Si bien en Europa Occidental y Estados Unidos algunos gobiernos tienden a despenalizar el comportamiento de la persona que ofrece servicios sexuales, a su vez varios de ellos impulsan causas penales contra los dueños de instalaciones que proveen tales servicios y, en otros casos, se criminaliza al cliente, es decir, a quien demanda el trabajo sexual.
No obstante que la corrupción de las autoridades migratorias y las fronteras porosas facilitan la actuación de la delincuencia organizada dedicada a la trata, debe entenderse que son los vacíos de Estado los principales impulsores en la oferta de personas. Los vacíos de control judicial, de control patrimonial de empresas legalmente vinculadas a la trata, de controles preventivos de la corrupción política constituyen tres catalizadores en el comercio de seres humanos.
Sin embargo, los precursores más importantes de los flujos de trata son los vacíos de prevención social, una de cuyas características es el alto nivel de marginación socioeconómica causada por la desatención a la salud en general, por adicciones a drogas psicoactivas, por la imposibilidad de acceder a los mercados laborales formales, por abusos sexuales o de otro tipo que afectan a menores de edad en los ámbitos familiar y escolar y por violencia entre vecinos. De esta forma, no es de extrañar que Argentina, Brasil, Paraguay, República Dominicana y México constituyan las principales fuentes de víctimas de trata que solicitan países —de Occidente y Europa, principalmente— de mayor poder adquisitivo.
Existen ejemplos concretos y conocidos, como el de María de los Ángeles Marita Verón, una joven de 23 años de Tucumán, Argentina, quien desapareció el 3 de abril de 2002. Ese día salió de su casa rumbo a un consultorio. Durante años, su madre, Susana Trimarco, la buscó afanosamente sin apoyo oficial, incluso tuvo que enfrentarse a la policía y a la corrupción de las autoridades políticas y judiciales. Y aun cuando no la localizó, en sus investigaciones logró identificar a redes de tratantes con infraestructuras edilicias en centros nocturnos en las provincias argentinas de La Rioja, Tucumán, Buenos Aires, Córdoba y Santa Cruz. Descubrió que en la red estaban involucradas organizaciones criminales españolas localizadas en Bilbao, Burgos y Vigo.
Gracias a las acciones de la señora Trimarco, 20 víctimas de esas redes fueron rescatadas en España y Argentina. Sin embargo, Maritacontinúa desaparecida. Su caso derivó en causas penales contra diez personas imputadas por trata esperando juicios orales. No obstante, en el caso descrito se observan dos grandes fallas del sistema internacional antitrata.
La primera es la relacionada con las causas tipificadas como trata de personas. Aunque víctimas o terceros inician el proceso, éste casi nunca se realiza a través de investigaciones proactivas de Estados en coordinación con otros Estados.
La segunda es que en casi todas las investigaciones nunca se congelan ni decomisan (posteriormente) activos patrimoniales de las personas vinculadas a la trata, sobre todo cuando tales activos patrimoniales fueron instrumento o producto de ese delito.
En el caso ejemplificado, los departamentos donde las 20 jóvenes estuvieron secuestradas en España y los vehículos utilizados —ligados a empresas— nunca fueron asegurados. Peor aún, no se elaboraron perfiles patrimoniales de socios y familiares relacionados con los imputados. En este sentido, la gran mayoría de los sistemas judiciales del planeta continúan favoreciendo (por acción u omisión) la impunidad al no decomisar o extinguir el dominio sobre bienes que constituyen el principal incentivo de las redes criminales para seguir operando.
Los itinerarios de la infamia
Las rutas internacionales de trata poseen patrones de esclavitud ya conocidos. Para la trata con fines de explotación sexual-laboral, el flujo de personas victimizadas va del Caribe y México al Cono Sur, y de ahí hacia Europa —principalmente España y Portugal—, Noráfrica y Medio Oriente. Parte de este flujo; por cierto, alimenta los centros turísticos mexicanos con total impunidad.
Otra ruta frecuentada por los más altos flujos de esclavitud va de los países más pobres de Asia (Cambodia o Myanmar) a los más ricos de Asia (Japón) y del Medio Oriente (Emiratos Árabes), por medio de las redes operadas por las yakuzas japonesas y las más diversas tríadas chinas.
Hay que tener en cuenta que la gran proporción de flujos de trata de personas es intrarregional —como en América Latina, por ejemplo—, dados los riesgos que implica para las organizaciones criminales el traslado de las víctimas de una región a otra a través de países del norte de Europa, los cuales poseen mayor efectividad en el combate a este flagelo.
La urgencia, ahora, es formar unidades regionales de investigación patrimonial, similares a la Oficina de la Policia Europea (Europol), cuyos integrantes, a través de su Centro de Cibercrimen Europeo y divisiones de inteligencia criminal —sin denuncias previas de las víctimas ni de terceros y de manera proactiva—, coordinan una fuerza interinstitucional de investigaciones para cada caso potencial de trata, incluyendo en este grupo instituciones a agencias de inteligencia, policías, fiscales, jueces de control, autoridades de recaudación tributaria y autoridades migratorias y de aduanas.
Este tipo de fuerzas interinstitucionales genera lo que se denomina inteligencia criminal. El objetivo es que, antes de elaborar cualquier hipótesis de investigación, el fiscal nacional que esté al frente de una indagación policial conozca previamente los vínculos y los organigramas de cada red criminal dedicada a la trata.
Este enfoque proactivo de investigaciones coordinadas internacionalmente basado en inteligencia criminal previa brilla por su ausencia en la gran mayoría de países de América Latina, con excepción de Colombia y Costa Rica, países que han realizado esfuerzos en este sentido.
Por último, es necesario activar a la Corte Penal Internacional para que procese miles de causas originadas en países donde sus sistemas judiciales están ausentes o se encuentran paralizados por la corrupción de funcionarios y empresas privadas vinculadas a la trata de personas. Las miles y miles de redes de asociaciones civiles que hoy ya brindan un muy fragmentado pero valiente y muy necesario apoyo psicológico, médico y jurídico a las víctimas para su posterior reinserción social, deberán también comenzar a presionar en el ámbito internacional con el propósito de que la prevención social y el castigo vayan de la mano de un mayor activismo de las instancias judiciales supranacionales. Si existen vacíos en el desempeño de los Estados, las organizaciones internacionales podrán intervenir para salvar vidas en la hasta ahora vergonzosa expansión de la esclavitud de nuestros días.
