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Titular de la SSPDF debe responder por violencia institucional y represión: Artículo 19

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(27 de noviembre, 2014).- Ante los actos represivos que llevaron a cabo elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), el pasado 20 de noviembre, cuando manifestantes protestaban pacíficamente en el Zócalo de la Ciudad de México, el coordinador del programa global de protección de Artículo 19, Ricardo González, emitió una carta dirigida al titular de la instancia, Jesús Rodríguez Almeida, señalando que “puso en riesgo la integridad física de las miles de personas que se encontraban ahí, y pudo haber ocasionado una estampida o algo peor”.

De esta manera, González exigió al gobierno capitalino, información sobre el proceso de decisión que culminó en la represión policiaca de la marcha #20NovMx, de la cual 11 jóvenes continúan detenidos sin que se hayan presentado pruebas contundentes sobre su participación en los hechos violentos de un reducido grupo de supuestos “anarquistas”.

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Según dictan los estándares internacionales, los granaderos debieron advertir a los manifestantes que el Zócalo capitalino sería desalojado, pero en lugar de esto, dieron inicio a una persecución abrupta, en la que atacaron incluso a familias y periodistas, y realizaron detenciones arbitrarias.

“Argumentar defensa propia para pretextar los abusos de la policía es simplemente una falacia autoritaria”, sentencia el representante de Artículo 19 en su escrito, donde pide pide a Rodríguez Almeida rendir cuentas.

A decir de González, el titular de la SSPDF debe responder “a las fundadas sospechas sobre la violencia institucional e institucionalizada que ejerce el personal a su cargo en el contexto de marchas y protestas sociales en lugares públicos”.

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De igual forma, consideró que el desalojo de los manifestantes —que exigían la renuncia de Enrique Peña Nieto y la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero— estuvo a cargo de “una agrupación de granaderos mal entrenada, mal dirigida, y que viola de manera sistemática y generalizada los derechos humanos de manifestantes, prensa y transeúntes”.

No se puede diferenciar entre autoridades y autores de actos vandálicos, explicó González, si se omite que toda respuesta policiaca debe remitirse a los principios de proporcionalidad, gradualidad y racionalidad, como “ha decidido olvidar” Rodríguez Almeida, quien además felicitó a su personal, “le guste a quien le guste”.

Finalmente, la carta critica las “bajísimas capacidades técnicas para la protección de los derechos e integridad física y psicológica de la ciudadanía” por parte de las autoridades capitalinas, lo que ha generado un “recrudecimiento del patrón de represión”.

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