(28 de noviembre, 2014).- La presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Karla Micheel Salas, aseguró que los 11 jóvenes consignados durante la marcha #20NovMx podrían ser liberados, al determinar la improcedencia de las acusaciones de motín, asociación delictiva y tentativa de homicidio en su contra, pues dichos cargos son absurdos e insostenibles.
La abogada aclaró que la detención de los jóvenes tiene el objetivo político de criminalizar la protesta social que exige la renuncia de Enrique Peña Nieto y la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotiznapa desaparecidos, pues ninguna de las tres acusaciones ha sido sustentada por la Procuraduría General de la República (PGR).
Aunque cinco agentes de la Policía Federal declararon que uno de sus compañeros fue rescatado de los manifestantes, quienes tenían la intención de asesinarlo, el Ministerio Público nunca presentó la evaluación médica del agente que presuntamente fuera atacado.
Por el contrario, el criterio esencial de las acusaciones consiste en que los policías escucharon a los jóvenes llamarse “compas” entre sí.
De igual forma, la PGR ha vinculado a los presos políticos con grupos de supuestos “anarquistas”, a pesar de no ofrecer evidencia que confirme dicha “asociación delictiva”.
La titular de la ANAD cuestionó el carácter constitucional del cargo de motín, calificándolo como una medida para criminalizar la libertad de expresión, pues a los 11 jóvenes se les atribuyó dicho tipo penal, sólo por gritar consignas en contra de las instituciones que no han dado resultados sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En consecuencia, Micheel Salas aseveró que estas irregularidades favorecen la posibilidad de que el titular del juzgado de distrito 17, ubicado en Xalapa, Veracruz, se vea obligado a dictar la libertad de los manifestantes.
La organización Amnistía Internacional (AI), por su parte, también se ha manifestado al respecto, advirtiendo sobre el riesgo de que los 11 jóvenes tengan un proceso judicial injusto. De esta manera, ha hecho un llamado a sus militantes para enviar cartas que pidan una investigación a fondo de la detención arbitraria y los presuntos abusos de las autoridades en el caso, dirigidas a Enrique Peña Nieto y el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.
