(09 de diciembre, 2014).- Para la Procuraduría General de la República (PGR), la ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio, a manos del 102do Batallón de Infantería 22 Zona Militar, con sede en San Miguel Ixtapan “no son graves violaciones de derechos humanos”.
Este argumento fue obtenido por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la cual informó que el pasado 21 de octubre realizó una solicitud de acceso a información pública a la PGR para conocer cuántos dictámenes han sido realizados en la investigación iniciada con motivo de los hechos ocurridos en Tlatlaya.
La PGR señaló en su respuesta que la averiguación previa es por la “probable comisión del delito de homicidio”. Además, mencionaron que la recomendación hecha por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no es con motivo de graves violaciones a derechos humanos, pues incluso, “no está publicada en la página web de CNDH en su sección ‘Recomendaciones por violaciones graves”, sino en la sección “Recomendaciones”.
La CMDPDH indicó que la respuesta por parte de la PGR llegó el 18 de noviembre mediante oficio número SJAI/DGAJ/11187/2014, donde además se respondió que se “no otorgaría la versión pública de los mismos debido a que es información reservada”. La PGR señaló que al tratarse de una investigación, “no es posible hacer del conocimiento su contenido, ni revelarla a un particular, bajo ninguna circunstancia, por lo que la información permanecerá en tal carácter hasta por un periodo de 12 años”.
Tlatlaya, el recuento
Horas después de la ejecución extrajudicial de las 22 personas en Tlatlaya, (21 de ellos, siendo fusilados uno a uno), el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, declaró que “el Ejército, en legítima defensa abatió a los delincuentes”. La relación de matanzas colectivas a manos de la milicia mexicana, y en especial del 102do Batallón de Infantería no son tema nuevo.
En 2012, el periódico Reforma publicó versiones que involucraban a elementos del 102do Batallón de Infantería con La Familia Michoacana., incluso se procesaron judicialmente a 12 elementos del mismo batallón por presuntos vínculos con Johnny Hurtado Olascoaga, alias “El Fish”, operador de La Familia Michoacana.
Tiempo después, el periódico local de Guerrero, El Sur, publicó el 7 de diciembre de 2013, que el director de Tránsito de Arcelia, Guerrero, (zona cercana a Tlatlaya) Mario Uriostegui Pérez, el subdirector de la misma instancia, Josué Gavinez y dos empleados más de ese ayuntamiento guerrerense, fueron asesinados por soldados del Ejército. Los agresores fueron integrantes del 102do Batallón de Infantería, los cuales ingresaron a Guerrero para realizar un recorrido, cuando se encontraron con los cuatro trabajadores del Ayuntamiento. Sin mediar palabra los militares abrieron fuego contra los funcionarios guerrerenses, los cuales murieron instantes después.
Las ejecuciones a manos de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) hicieron que la CNDH emitiera 52 recomendaciones relativas a “la privación del derecho a la vida” en el periodo de Calderón; de estas, 39 se dirigieron a la SEDENA.
En relación con los civiles que han sido abatidos en “enfrentamientos” con el Ejército, el documento “Relación de Personal Fallecido en la Aplicación de la Campaña Permanente contra el Narcotráfico y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”, elaborado por la SEDENA, reveló que hasta mediados de este año, 63 militares han perdido la vida en operaciones contra la delincuencia organizada en la actual administración; mientras que Human Rights Watch (HRW), anunció el pasado 22 de agosto que 628 civiles han muerto en “enfrentamientos” con militares; la estadística dicta que mueren 10 civiles por cada militar caído “en combate”.
Cabe recordar que la primera versión oficial al respecto constató que la muerte de las 22 personas en Tlatlaya se dio en el marco de un enfrentamiento entre éstas y elementos del Ejército mexicano. Así transcurrieron semanas, hasta que el 19 de septiembre, la edición mexicana de la revista Esquire –de Editorial Televisa- publicó el testimonio de la madre de una de las víctimas, y la única testigo de la ejecución múltiple, lo que reabrió el caso ante la opinión pública.
