(13 de diciembre, 2014).- El polémico informe publicado por el Senado norteamericano respecto a las torturas generadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) ha dado la vuelta completa al mundo donde han sido ferozmente criticados los Estados Unidos, principalmente la administración de George W. Bush, quien emprendió dichos mecanismos a partir del atentado del 11-S.
En ese sentido, la organización Human Rights Watch (HRW) calificó de “demoledor” dicho resumen sobre el programa de detención e interrogatorios” de 525 páginas (de 5 mil) que “pone de manifiesto la necesidad de que el gobierno estadounidense divulgue oportunamente el informe completo, refuerce la supervisión de la actuación de la CIA e investigue y juzgue por las vías correspondientes a los altos funcionarios responsables del programa de tortura”.
El director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, dijo que “el informe del Senado no debería simplemente quedar archivado en un estante o un disco rígido, sino ser el punto de partida para que se investigue penalmente el uso de tortura por funcionarios de EE. UU. (…) Si el gobierno de Obama no exige que los responsables de torturas rindan cuentas por sus actos, la tortura podría convertirse en una opción política cuando se produzca la próxima e inevitable amenaza para la seguridad”.
Cabe señalar, las conclusiones del resumen son claras para la organización, en el sentido que enfatizan que los abusos de la CIA fueron mucho más “cruentos, sistemáticos y extendidos”, de lo informado; también aparecen los lugares que cooperaron para tener cárceles alrededor del mundo para ejecutar mecanismos, tales como no dejar dormir o hidratar vía rectal.
HRW explica: “Si bien los nombres de los países que cooperaron con el programa de EE. UU. fueron eliminados del resumen, existen pruebas de peso de que la CIA envió a prisioneros al menos a ocho países, incluidos Afganistán, Polonia, Rumania, Lituania, Tailandia, Marruecos, Jordania y Egipto”.
“Estados Unidos con frecuencia ha presionado a otros gobiernos para que juzguen graves violaciones de derechos humanos perpetradas por funcionarios de estos. Además de transmitir el mensaje de que EE. UU. no tolerará que detenidos sean abusados en su territorio, el procesamiento creíble e imparcial de casos de tortura que impliquen a EE. UU. será crucial para la credibilidad estadounidense al reclamar justicia en otros países”. agrega.
Para Kenneth Roth, el informe del Senado estadounidense debe ser “el comienzo, y no el final, de un proceso que permita llevar ante la justicia a quienes cometieron torturas en nombre del pueblo estadounidense”.
Sentenció: “Se requerirá de gran liderazgo presidencial para que se avance hacia los pasos siguientes”.
