(16 de diciembre, 2014).- Tras encabezar una campaña de presión a legisladores, Layda Negrete -realizadora del documental Presunto Culpable e investigadora asociada de México Evalúa-y un grupo de organizaciones sociales acompañadas de la sociedad civil, lograron detener lo que consideraron la “contrarreforma de juicios orales”.
Desde temprana hora, Layda Negrete y representantes del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, lograron acceder al recinto de San Lázaro donde la Comisión de Justicia y Derechos Humanos presidida por el diputado José Elías Romero Apis aceptó una audiencia exprés dada la preocupación sobre la modificación al sistema de juicios orales aprobado este año.
Este sistema, explicó Layda Negrete, “está tambaléandose” tras una amplia participación de organizaciones civiles que indicaron una serie de procedimientos anticonstitucionales que pretendían aprobarse este lunes, último día de sesiones ordinarias en San Lázaro.
En un documento publicado este lunes, Negrete explicó que “las propuestas a discusión, todas desarrolladas en secreto y sobre as rodillas de funcionarios de la PGR, giran alrededor de un solo objetivo: mantener el control sobre el proceso penal que guardan las procuradurías hoy”.
En el artículo publicado en el portal Animal Político, Layda Negrete aseguró que la reforma que la Comisión de Justicia pretendía aprobar se resumían en corrupción e impunidad, contrario a lo anunciado por Enrique Peña Nieto en su decálogo de seguridad; ejemplo de esto, el hecho de que “las personas que no pertenezcan a las élites políticas o económicas seguirán padeciendo el sistema de justicia que hoy tenemos”.
Negrete precisó que se mantendrá el “monopolio de la extorsión” en los Ministerios Públicos y por otro, continuarán las deficiencias de operación de una policía minúscula en procuradurías.
Lo que comenzó como una campaña de firmas dirigidas al coordinador de la bancada priísta la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, concluyó en un marcaje personal de los miembros de las organizaciones que logró en este momento detener la discusión con la promesa, al menos de los integrantes de la Comisión de Justicia legislativa, de ampliarla en el mes de febrero y darle seguimiento a la participación de las organizaciones inconformes.
La contrarreforma, explicó Negrete, incluye el control de las pruebas del Ministerio Público y la exclusividad de la investigación por policías adscritos a las procuradurías, regresando “al sistema del viejo expediente donde deja de existir el control judicial” generando la posibilidad de que el fiscal oculte pruebas a la defensa.
En este rubro, indicaron, se redujo incluso el tiempo en que la parte preparara la defensa, pues pasó de 20 a cinco días.
Durante la reunión con la Comisión de Justicia, los representantes de organizaciones civiles precisaron a los legisladores que de los casi 600 mil elementos policiales, menos del 5 por ciento, advirtieron, son ministeriales, mismos que trabajan en los más de 9 mil ministerios en el país.
“El otro tema es el de los servicios consulares; cuando un extranjero está detenido se le tiene que avisar a su consulado, un deber del Estado, ahora se está poniendo la posibilidad de que esto sea renunciable, pero no es un derecho del detenido, es un deber del Estado mexicano, que con la nueva redacción incluso se puede dar la ausencia del defensor”, declararon.
Ante la seguridad de los inconformes con el actual dictamen, se precisó en la comisión que las inquietudes deberían ser tomadas en cuenta, los legisladores advirtieron que las inquietudes expresas debería de derivar en una reunión de Junta Directiva para ver el proceso que seguiría en la minuta, con la promesa de no querer “meter gol” en el pleno, haciendo alusión a adelantar el proceso legislativo y discutirlo sin previo consenso o participación de organizaciones civiles.
Layda Negrete pidió a los presentes “honrar lo democrático” del proceso que se había encabezado para arribar al dictamen y volverlo a discutir en febrero con una amplia participación de la sociedad civil.
