(04 de enero, 2015).- A más de seis meses de la matanza de Tlatlaya, Estado de México, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha afirmado que no existen elementos de prueba contra su personal.
Según un documento emitido por la Sedena, las versiones testimoniales que aparecen en la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) son contradictorias.
A decir de la instancia, los militares siguieron el manual de uso de la fuerza en contra de las 22 personas que resultaron muertas el pasado 30 de junio, alegando que se encontraban armadas y que lo sucedido fue un enfrentamiento y no una ejecución extrajudicial.
“Es necesario tomar en cuenta el principio jurídico penal que señala la presunción de inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”, señala el documento.
Sin embargo, en días recientes ha trascendido el testimonio de una testigo, quien fuera torturada por negarse a firmar una declaración falsa confirmando la versión de los militares.
De igual forma, se difundió que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) encubrió a los elementos del Ejército mexicano.
No obstante, la Sedena ha expresado que “es conveniente reflexionar sobre cómo una persona que carece de conocimiento sobre el manejo y uso de armas puede identificar tan sólo con el sonido de los disparos, cuáles correspondían a los realizados por el personal militar y cuáles al grupo agresor, así como el lugar exacto en se donde están realizando las detonaciones”.
“Esto resulta poco creíble”, enfatiza dicha secretaría en el documento dado a conocer por el diario Reforma.
De igual forma, explica que las tres mujeres encontradas “en el interior de la bodega, señalaron que se encontraban privadas de su libertad, y en su momento fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para que fueran ellas las que determinaran su situación jurídica y legal, dando como resultado que dos de las mujeres fueran recluidas en el centro federal femenil de Tepic”.
Las tres testigos son quienes han rendido testimonio ante la CNDH, denunciando que los uniformados ejecutaron a 22 personas de manera extraoficial en Tlatlaya.
Mientras la Sedena asegura que aún hay pruebas suficientes para sentenciar a los elementos, la CNDH asevera que al menos 15 de las víctimas pudieron haber sido ejecutadas.
Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) dice contar con evidencia de mínimo ocho personas fueron asesinadas por los militares.
