(13 de enero, 2015).- Habitantes de la comunidad de San Miguel Canoa en Puebla iniciaron una resistencia pacífica en el zócalo así como en la puerta principal de la presidencia auxiliar, luego de que el lunes por la mañana arribara al sitio, un grupo de uniformados con el propósito de tomar las oficinas de esta dependencia y permitir la llegada al poder de Félix Flores García. De acuerdo con testimonios de los habitantes, desde el domingo les fue avisado sobre la llegada de la policía, por lo cual comenzaron la vigilancia permanente de las inmediaciones de la presidencia.
La exigencia principal de Canoa es el respeto a sus decisiones y que liberen a su presidente auxiliar electo Raúl Pérez Velázquez, pues aseguran, no permitirán que nadie más, que no haya sido elegido por la mayoría, tome el poder. “Queremos a nuestro presidente Raúl. Podremos entregar las instalaciones de la presidencia si vienen y nos lo entregan personalmente”, dictaba la voz popular.
De igual forma el clamor de la gente se posicionaba en la defensa del edil auxiliar arrestado y aseguran que “existen muchas calumnias contra su persona pero ninguna es cierta. Raúl no es un ratero”. De forma insistente, las declaraciones de los habitantes aseguraban que Raúl Pérez había ganado la presidencia de forma limpia.
En entrevista, Rocío Pérez Pérez, hija de Raúl Pérez Velázquez, aseguró que la resistencia se mantendrá pacifica a menos que exista una agresión por parte de las fuerzas policiacas. “Nuestra lucha es pacifica pero si hay agresión lo que vamos a hacer es defendernos, si nos agreden sí vamos a responder”, apuntó.
Agregó que entre los objetivos del pueblo es establecer una mesa de diálogo, no obstante, comentó: “si no es posible lograrla, lo que pide la comunidad es respeto, por parte del gobierno del Estado, hacia su resistencia pacífica”.
La comunidad en unanimidad se mostró firme en su decisión de mantener cerradas las oficinas de la presidencia y enfatizaron que no se abrirá “pues en Canoa el pueblo decide”, sentenciaron.
Por otro lado, los pobladores demandaron malos tratos por parte del gobierno de Rafael Moreno Valle y reafirmaron su decisión de no permitir que asuma la presidencia auxiliar alguien que no haya sido elegido por el pueblo.
