(15 de enero, 2015).- Por primera vez el noveno tribunal ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) que permitiera el acceso de abogados, investigadores, peritos y ministerios públicos dentro de los campos militares de Oaxaca, Guerrero y la Ciudad de México. En esta última se incluye la máxima centralización de poder; el Campo Militar Número 1.
La presencia de este grupo mixto de investigación será con el fin de buscar y comprobar si dentro de esos campos se encuentran los restos enterrados de Edmundo Reyes y Alberto Cruz, ambos desaparecidos en 2007 y miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), y será encabezada por Miguel Ángel Aguilar López.
La fecha del mandato es de junio de 2014 y a unos cuantos días de cumplirse sólo se espera que el juzgado cuarto de amparo, de la Ciudad de México, de la fecha exacta para iniciar con los trabajos de arqueología forense.
Nunca había ocurrido que el más alto mando de la SEDENA ordenara alguna investigación de este tipo, sobretodo en el campo militar más importante del país, por desaparición forzada y tratándose de dos guerrilleros, principalmente en el ambiente que se vive actualmente en el país.
Sandino Rivera, abogado de las familias de los guerrilleros desaparecidos, declaró: “Lo que nos dijo el juez, el viernes pasado, es que sólo está esperando que la PGR entregue un informe sobre el avance de las investigaciones para proceder. Esto ya se tiene que dar en la siguiente semana. Es inminente que se abra la visita a las instalaciones militares, empezando por las de Oaxaca, Guerrero y Distrito Federal, porque ya hay un mandato judicial. Si no se acata, el secretario de la Defensa Nacional estaría incurriendo en un desacato”.
El camino para llegar a este punto ha sido largo; después de la desaparición del 2007 se inició, en 2013, un proceso legal cuando la hija de Edmundo Reyes, Nadin Reyes, y Eduwigis Margarita Cruz, hermana de Alberto Cruz, interpusieron un juicio de amparo en contra del delito de desaparición forzada tras un operativo en policiaco – militar en la capital oaxaqueña.
Inicialmente el proceso estuvo en el juzgado cuarto de amparo pero consiguió escalar hasta el noveno tribunal colegiado, donde tuvo dos votos a favor contra uno en contra por parte de magistrados y se ordenaron dos cuestiones de importancia: abrir las instalaciones castrenses y exigir a la Procuraduría General de la República (PGR) desclasificar las averiguaciones previas que había en relación al caso, lo que se traduce en informar sobre las líneas de investigación entre quién desapareció a los guerrilleros.
Gracias a la última orden de los magistrados se logró conocer que las acusaciones son de peso, ya que se encontró que había información de actos terroristas contra Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la estructura de mando del Ejército Popular Revolucionario. Y en función de lo que se conoció del caso se sabe que la PGR maneja cuatro hipótesis, y en todas las fuerzas del Estado, incluido el ejército, aparecen:
1.- Que en la desaparición de los dos guerrilleros participaron elementos militares, adscritos a la octava Región Militar, con sede en Ixcotel, Oaxaca.
2.- Que fueron levantados por el jefe regional en Oaxaca de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
3.- Que los secuestró un grupo de operaciones especiales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) oaxaqueña, creado por Ulises Ruiz, ex gobernador.
4.- Que los levantó la Policía Federal de Caminos en Puebla. La primera hipótesis —la de la mano militar— es la que ha llevado al tribunal a ordenar las pesquisas en instalaciones castrenses.
Esta orden, sin precedentes, surge a la par de las exigencias de los padres, de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, para la apertura de las bases militares también para la búsqueda de sus hijos, misma petición a la que también accedió el ejército y la Secretaría de Gobernación el pasado martes.
A diferencia del caso de los padres de los normalistas no tuvo que haber protestas y marchas para exigir la búsqueda en las instalaciones del ejército, se accedió gracias a la ley.
Textualmente se señala en el mandato que el Ministerio Público de la Federación debe “de inmediato y en el ámbito de sus competencias, se traslade a los lugares de posible detención y ocultamiento y, en especial, realicen la búsqueda en las principales instalaciones militares”. Y además que la comisión que ingrese y el Ministerio Público deben informar “sobre la inhumación de cadáveres en los centros de detención o zonas militares que pudieran coincidir con los de las víctimas para en su caso practicar diligencias de identificación forense”.
La búsqueda no se limitará al campo militar número 1, aun cuando este es el lugar al que presuntamente fueron llevados, Sandino Rivero declaró que el mandato se extiende a las instalaciones que se consideren necesarias y para ese fin se utilizará equipo para detectar objetos enterrados, tales como cadáveres.
Cabe recordar que Reyes y Cruz desaparecieron el 24 de mayo de 2007, posterior a un operativo entre fuerzas federales, militares y policiales estatales en el hotel El Árbol de Oaxaca. Ese mismo año el 2 de junio el EPR emitió un comunicado donde se aclaraba que ambos pertenecían a la institución y que se exigía su pronta liberación y, a manera de protesta, la organización lanzó una serie de atentados contra instalaciones de PEMEX ubicadas en el Bajío.
Tras las innumerables protestas que ha habido, en torno al caso de los normalistas desaparecidos, y el último enfrentamiento entre los padres y el 27 batallón, pareciera que la resolución, prácticamente en las mismas fechas, surge como una especie de paliativo social para controlar los estallidos sociales que poco a poco crecen en todo el país, y que tienen una gran repercusión en el mundo, desde luego se espera que la ley sea justa y no se esté tratando de encajar en un plan ya elaborado donde sólo pareciera que se está trabajando y apoyando a la búsqueda cuando en realidad todo está perfectamente orquestado para que no se encuentre jamás cuerpo alguno.
