(16 de enero, 2015).- Es al Poder Judicial y al Ministerio Público al que le corresponde investigar la responsabilidad del Ejército mexicano en los ataques en contra de los normalistas ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, señalaron las familias de los 43 desaparecidos.
Además de que exigieron se les permita la entrada a todos los cuarteles militares de Guerrero, no sólo al Batallón 27 de Iguala, como lo planteó el Gobierno Federal. Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, informó que las madres y los padres indicaron que el acompañamiento de visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), es independiente del recorrido que llevarán a cabo en los cuarteles.
El ingreso a los cuarteles fue solicitado al gobierno federal desde diciembre pasado,sin embargo no se recibió respuesta alguna y “se instalaron en una posición de fuerza, con el argumento del fuero militar, lo que llevó a la polarización de las posiciones”.
Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobierno federal, ha insistido en la inocencia de los militares en los hechos y hasta el momento se mantiene en la postura de que sólo la policía municipal y federal participaron en los hechos.
En entrevista para otro medio, Vidulfo Rosales, expresó que “no corresponde a las autoridades políticas exonerar (a los militares), sino al juez y al Ministerio Público (MP) establecer si hay o no elementos para una consignación o para fincar responsabilidades”.
Los representantes de las víctimas sostuvieron una reunión con el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda, a quien le solicitaron se investiguen a un presunto extorsionador que pide dinero a cambio de información acerca del paradero de los jóvenes, de acuerdo con información de unos medios de comunicación.
“Lo único que no se ha revisado es el Ejército”; subrayó Vidulfo Rosales, cuando se tienen testimonios y pruebas de la participación de elementos del Ejército en la tragedia de Iguala.
“Eso no lo decimos nosotros, está en los expedientes de la indagatoria; incluso que hay una relación (de los soldados) con los Guerreros Unidos (grupo criminal); también hay videos de que estuvieron patrullando y detuvieron estudiantes. Es decir, sí tuvieron participación”, insistió Rosales.
