(17 de enero, 2014).- “En México es mínima la capacidad instalada para la búsqueda de personas”, externó el día de ayer Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), toda vez que la lista de más 23 mil personas que integran el registro de desaparecidos (al que se sumaron los 43 normalistas de Ayotzinapa), sigue en aumento.
“No hay una sola base de datos nacional que integre los datos de ADN, las fotografías, que le eviten a las víctimas la pérdida de tiempo y la acción de volver. ¡Ello se sabía hace años, y no se hizo nada, es inadmisible!”,
En su participación en la conferencia “La crisis mexicana de derechos humanos: ¿Qué puede hacer la comunidad internacional?”, Álvarez Icaza dijo que aún cuando “no acompaño la idea de que la gente misma salga a buscar en las fosas. Porque eso incluso tiene afectación grave y delicada para las evidencias” y “no son la familias que tienen que salir a buscarlos (a los estudiantes”, sostuvo que es “muy partidario de que haya un papel proactivo de la ciudadanía y de las víctimas. Está muy demostrado que cuando los actores civiles participan, por lo menos las procuradurías tienen un comportamiento diferente”.
Para la búsqueda de personas “se necesita expertise, se necesita conocimiento, se necesita materia, porque si no, la propia desesperación va en contra de las víctimas porque se va a anular evidencias”, indicó.
Álvarez Icaza mostró su preocupación por el enfrentamiento de las familias y compañeros de los 43 desaparecidos con militares en el Batallón 27 de Iguala Guerrero: “Por supuesto los papás tienen todo el derecho de buscar, de exigir, de reclamar, eso no está a discusión. Pero tenemos que buscar las formas y los medios para que no se desencuentren de esa manera”.
Pero esto obedece a que luego de que miles de personas han salido a las calles para reclamar la indignación por la desaparición de un grupo de jóvenes, así como que el titular del Ejecutivo Federal recibiera a las madres y padres de los normalistas o buen que exista una “Ley de Víctimas”, el problema sigue sin resolución.
“El problema es que los asuntos estructurales se dejaron crecer, no se atendieron”, recordó que en el 2011, tras una visita del Comité sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, se denunciaron 64 mil casos conocidos de los cuales solo uno estaba reconocido como desaparición forzada.
Asimismo durante la Guerra Sucia de la década de 70 y principios de los 80, se revelaron 3 mil desapariciones forzadas, una tercera parte de éstas correspondieron a ciudadanas y ciudadanos de Guerreo, en ese 2011 se dictaron 34 recomendaciones, incluida la generación de un plan nacional de búsqueda de personas y una base de datos genéticos.
Como parte de la visita, detalló, se dictaron 34 recomendaciones, incluyendo la generación de un plan nacional de búsqueda de personas y una base de datos genéticos, sin embargo, es la fecha de que:
“No hay una sola base de datos nacional que integre los datos de ADN, que le evite a las víctimas la pérdida de tiempo y la generación de dolor. Esto se sabía desde hace años y no se hizo nada, ¡es inadmisible!”, reclamó.
Desde 2011, se alertó al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa sobre la participación de policías municipales y demás corporaciones federales y de seguridad nacional en las desapariciones y desde entonces se solicitó la creación de una Ley sobre Desaparición.
Aún con los avances en la materia, estos son insuficientes para atender el problema de las desapariciones en México, el cual debe ser una prioridad del gasto público, porque no deben ser las familias quienes salgan a buscar a sus desaparecidos dado que se incide en la revictimización al tener que enfrentarse con el horror de conocer cientos de historias similares ante la falta de bases de datos, protocolos de investigación y peritos capacitados para esta labor.
