(18 de enero, 2015).-En su papel como gobernador interino de Guerrero, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rogelio Ortega, llamó a votar a la población e incluso recomendó que en la foto para este año electoral debían salir aquellos ciudadanos que acudan a las urnas, mas no “la de carros incendiados, las de apedreados”, que difunde “la idea de que Guerrero se hunde”.
Afirmó que en los meses que llevará el gobierno de Guerrero va a “dejar muestras de que se puede gobernar con manos limpias, con el corazón en la mano”, asimismo, el pasado viernes 15, al entregar su informe de labores señaló que aplicará la ley a “los vándalos” refiriéndose a los manifestantes encapuchados que han recurrido a incendiar autobuses o romper cristales.
Felipe de la Cruz, uno de los voceros de las familias de los 43 normalistas desaparecidos por la policía municipal de Iguala Guerrero, indicó que “los verdaderos vándalos no son los que protestan, sino el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y el mismo Ortega Martínez que se convierte en cómplice, porque nada hace para localizar a los desaparecidos”.
Sin emitir ningún comentario en contra o a favor del tipo de protestas, De la Cruz dijo que cada organización, grupo o colectivo ha conformado su estrategia de protesta y resistencia ante el contexto de inseguridad que se vive en la entidad y en el resto del país: “de alguna manera alzan la voz para ser escuchados”.
Por su parte el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, expresó su preocupación por dicha declaración del gobernador interino: aplicar la ley a “los vándalos”.
Este tipo de declaraciones, explicó Abel Barrera, van a tono con el discurso oficial de reprimir las manifestaciones sociales en un contexto en el que se legisla para inhibir y criminalizar el derecho a la protesta.
“Entendemos que hay acciones que no son las que la autoridad quisiera, pero hay diversidad de expresiones que se han radicalizado a causa de tanto vandalismo que ha provenido de la misma autoridad”, manifestó el defensor de derechos humanos.
Abel Barrera, dijo que “preocupa bastante porque (los del gobierno) no quieren entender que aquí hay una causa que ha generado un conflicto y quien lo ha provocado son las mismas autoridades”.
Reconoció que hay autoridades encarceladas por su colusión con el crimen organizado pero muchos continúan en libertad lo que reafirma la idea de que el gobierno ha sido incapaz de responder sobre el paradero de los 43 normalistas.
La respuesta ha sido por parte de la sociedad civil quien ante ladelincuencia institucionalizada ha decidido actuar, no se trata de “minorías”, ni de unos cuantos, sino que es toda una población entera la que se ha dado cuenta de la mala actuación de las autoridades.
