(20 de enero, 2015).- Para fortalecer el sistema nacional anticorrupción es necesario contar con una autoridad en el ámbito del poder judicial que tenga la capacidad de investigar y establecer una auditoría técnica que permita aprobar la comisión o no de un delito, de cualquier acto de corrupción; por ende, de sancionar. Este proceso se lograría, según el Doctor Francisco Javier Jiménez Ruiz, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con la implementación de un Tribunal de Cuentas, que sirva para fiscalizar y sancionar el manejo de los recursos públicos de los partidos políticos.
Adicionalmente, se podrían revocar los resultados de una elección o declararla como no válida, así como sancionar y quitar registros a partidos políticos, es por ello que “se necesita la construcción de un régimen jurídico ideal para la financiación de los partidos y de sus actividades políticas”. Esto traería consigo, un ordenamiento justo y eficaz que proporcionaría el libre juego entre partidos y candidatos, y con el cual se podría prohibir la formación de monopolios del poder político que garantice una democracia participativa de los sistemas políticos.
En 2012 el constitucionalista, Jorge Carpizo Mac Gregor, advirtió: “es apremiante la creación de un Tribunal de Cuentas o de un órgano constitucional autónomo, con facultades de Ministerio Público, es una de las reformas urgentes que tiene México, porque ayudaría a resolver serios problemas que nos afligen: corrupción, impunidad, falta de rendición de cuentas y la opacidad en el manejo de los recursos públicos. Y la Secretaría de la Función Pública debe desaparecer porque no sirve para nada”.
“Cada vez que la política y el dinero se encuentran”
Victoria Gil Jiménez, maestra en Administración, analiza que “cada vez que el dinero y la política se encuentran (y esto sucede muy seguido), nos encaminamos a los pantanosos terrenos de la corrupción y la injusticia. Esto se debe a que los políticos se ven en la imperiosa necesidad de vender su alma al diablo, a cambio de los dineros suficientes para lograr el favor de las urnas, es así como prometen los beneficios de su puesto público al mejor postor, lo cual lesiona a la democracia”.
Agrega que “la injusticia nace cuando el político, con la cuenta de banco más abultada, logra llevar su mensaje al mayor número de ciudadanos, poco importa si sus argumentos son los mejores, convirtiendo en el flanco más débil de la democracia a su financiación. La financiación de los partidos políticos es una asignatura pendiente de nuestra incipiente democracia”.
Jiménez Ruiz explica que “los tribunales de cuenta son de modelo alemán, dicho órgano ha sido tan eficaz que ha logrado llevar a juicio a políticos importantes en Alemania. El sistema se ha replicado en varios países de Europa, teniendo grandes resultados; como ejemplo está España, donde se investiga a un miembro de la aristocracia, la Infanta Cristina por el delito de corrupción, lo que habla de un país que cuenta con autoridades que juzgan a todos por igual”.
Afirma que “sería saludable que México contara con un modelo similar, totalmente independiente de la esferas de influencias del poder ejecutivo federal y también del poder legislativo, pero que dentro del poder judicial cuente con una figura jurídica que le permita total autonomía, así podría fiscalizar, conocer el manejo y los reportes de los partidos políticos, con respecto a los recursos asignados”.
De esa forma, se obtendrían los datos que emitan sus áreas financieras, en los que se dé a conocer el uso de los recursos públicos y, por otra parte, el tribunal podría contar con una plataforma informática en colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE), la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT), y así en tiempo real se conocería la ruta del dinero, destinada a cada campaña política y en tiempo récord, poder iniciar procesos de investigación y posteriormente, someter a juicio, a aquellos que puedan ser presuntos culpables.
Actualmente las áreas de control interno de la Secretaria de la Función Pública (SFP), operan desde distintas dependencias del Gobierno Federal y llevan a cabo procesos de fiscalización, convirtiéndose en juez y parte. Todo control interno se reporta en coordinación con la SFP como parte de toda organización federal, que al mismo tiempo depende directamente del presidente, “y ese tipo de resultados no han sido buenos históricamente hablando. El Tribunal de Cuenta totalmente independiente, puede aportar un estatus de protección y habilitación pública, para investigar y sancionar; podría ser un vehículo importante para iniciar de manera seria los procesos de fiscalización y de sanción, evitando con ello, actos de corrupción cuando se hace uso de los recursos públicos”, añade Jiménez Ruiz.
Puntualiza que, los órganos de control interno y las áreas de auditoría no auditan, sólo cumplen con un proceso de “seudoauditoría”, cuyo propósito es cumplir con las disposiciones administrativas internas, sin que exista la capacidad de seguir la ruta del dinero, el destino final de ese capital, su ubicación y el circuito para describir la corresponsabilidad del funcionario público en cuestión.
En este sentido, cita el caso de Miguel de la Madrid Hurtado, calificando el caso como “un ejemplo impunidad en el país, ya que expresó en una entrevista que un ex presidente se robó la mitad de la partida secreta, pero que no se sabía la cantidad exacta. Fue lamentable cómo el Gobierno Federal manejó la situación, porque hicieron que se retractara, argumentando demencia senil, esto sucede porque no existen los mecanismos para ocuparse de esa cuestión, era una denuncia pública, pero se le desacreditó cuando habló de la actividad ilícita cometida por otro ex presidente, esto habla de figuras políticas que son intocables, pero lamentablemente no sólo esas figuras, sino en todos los niveles se da la impunidad.”
La propuesta de la implementación de un Tribunal de Cuenta, no recibió ninguna respuesta o interés de parte de ninguna autoridad, pues según afirma Jiménez Ruiz, es poco probable que suceda porque para eso, la clase política mexicana tendría que estar dispuesta a crear una institución que le controle y sancione.
