(20 de enero, 2015).- Miguel Alonso, líder parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, señaló que hay evidencias fuertes de que el ejército estuvo implicado en las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya y en la desaparición de normalistas de Ayotzinapa.
Ya que en el primer caso tomaron parte en el asesinato de las 22 personas que estaban en la bodega en Tlatlaya y con los estudiantes sabían de los ataques a los estudiantes e incluso pudieron participar.
Mencionó que no quiere desprestigiar a las fuerzas armadas pero es innegable que han estado involucradas. Quizá no como institución pero algunos de sus miembros sí han participado en desapariciones, torturas además de la violación de los derechos humanos.
Declaró que es necesario que el ejército regrese a sus cuarteles y que las autoridades, encargadas de seguridad y justicia, hagan su trabajo.
“Lo que queremos es en todo caso y lo que venimos planteando, es que el Ejército debe regresar a los cuarteles, no debería de estar haciendo lo que hoy lo tiene el Gobierno haciendo. Debería plantearse un proceso y un tiempo para que pudieran regresar a los cuarteles. En todo caso, quien tenga que ser detenido por algún posible delito que haya cometido, bueno que todo mundo sepa dónde está, dónde se lo llevaron, dónde está declarando, qué autoridad lo tiene, quién lo está investigando, ello, con el fin de evitar más casos de desaparición forzada”, enfatizó.
Fue claro al señalar que ni el crimen ni la impunidad operarían en el país si las instituciones funcionaran de manera debida. Además de señalar que la desaparición forzada sí es un crimen de Estado ya que “tiene que ver con las organizaciones del Estado”.
En función de esas declaraciones el organizador del foro, el diputado José Luis Esquivel Zalpa, declaró que tanto el ejército como los elementos de la Policía Federal estaban al tanto del ataque de los estudiantes de Ayotzinapa y no actuaron de manera debida, por lo tanto fueron corresponsables.
Señaló que los más de 80 detenidos por la Procuraduría General de la República (PGR), debido a que hay vacíos legales, no se les puede acusar por desaparición forzada y se les procesa por el delito de secuestro. Ya que, hasta ahora, sólo Querétaro, Nuevo León y Coahuila cuentan con leyes que reconocen la desaparición forzada como tipo penal.
Con el fin de resolver esa problemática presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal, con el fin de considerar a la desaparición forzada como crimen e imponer de 40 a 60 años de cárcel, además de multas de 30 mil a 50 mil días de salario, como la destitución de funcionarios involucrados, lamentablemente no ha sido analizada en comisiones.
Ojalá no se aplique el refrán “el camino al infierno está lleno de buenas intenciones”, porque actualmente pareciese que se vive en él.
